En la Asamblea Legislativa se encuentra en tratamiento el proyecto de Ley de Servicios Inmobiliarios, gestionada por la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz (Caincruz), que entre sus objetivos, apunta a regular la prestación de servicios inmobiliarios y garantizar seguridad a los ciudadanos en la compra y venta de bienes inmuebles a través de corredores acreditados en el sector estatal.
Franz Javier Rivero, expresidente, asesor legal de Caincocruz y co-proyectista de esta ley signada con el número 115-2020/2021, indicó que ya se encuentra en tratamiento final en Comisiones de la Cámara de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La norma consta de 38 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales y exponen temas como el registro y la acreditación de corredores, sus derechos y obligaciones, el registro nacional de corredores inmobiliarios bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la función de las Cámaras Inmobiliarias, entre otros aspectos.
Este proyecto de ley fue socializado en meses pasados, responde a la realidad legal del país y del sector inmobiliario, y es apoyado por la Cámara de Empresas de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac) y también por la naciente Asociación de Inmobiliarias de La Paz, en proceso de constitución legal, que aglutina a más de 300 empresas unipersonales y sociedades comerciales del departamento paceño.
Se prevé que el proyecto de ley de servicios inmobiliarios elaborado por Caincruz en las próximas semanas sea elevado a plenario de la Cámara de Diputados para su aprobación en grande, en detalle y en revisión y luego remitida a la Cámara de Senadores.
Rivero explicó que con esta norma se busca proteger al cliente de los actos de personas inescrupulosas que se escudan en la denominación de corredores inmobiliarios, sin ninguna formación o preparación para brindar un servicio tan importante, pero sí para cometer ilícitos como apropiación indebida, abuso de confianza y estafa, con serios efectos en la reputación de los que trabajan formalmente, cumpliendo las normas tributarias y comerciales a las que están sometidos todos los empresarios legalmente establecidos.
Además, sostiene que con una ley como la propuesta, ya no habrá corredores inmobiliarios privilegiados, como son los informales que gozan de impunidad fiscal y comercial porque no cumplen las obligaciones que sí cumplen los otros, es decir, los formales, que son castigados con fiscalizaciones y aportes al Estado por cumplir la ley.
Agregó que países como Perú, Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá, están en el selecto grupo de naciones que cuentan con una norma aplicable a la actividad de intermediación inmobiliaria.
Impulsan otra normativa
La nueva Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia, que preside Carlos Terrazas, también viene gestionando otro proyecto de ley para normar las actividades del sector inmobiliario.
Según Terrazas, este proyecto fue consensuado y definido en la primera Convención Nacional del rubro realizada en la ciudad de Santa Cruz en junio. La propuesta de ley consta de 15 artículos y 3 disposiciones transitorias.
Roberto Fernández, vicepresidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria, indicó que con esta ley se busca establecer un marco legal para poder ejercer el ejercicio del corretaje inmobiliario en el país.
“Una de las tareas más importantes que tenemos es poder formalizar el sector, basándonos en datos fidedignos”, expresó Fernández, al referirse que una de las primeras tareas que harán es hacer un censo de las desarrolladoras inmobiliarias, empresas inmobiliarias y corredores inmobiliarios que quieran inscribirse y formalizarse ante la Cámara Nacional Inmobiliaria.
Carlos Terrazas, presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria, agregó que el rol de la Cámara será la de coadyuvar en el propósito de regular su sector en beneficio de sus asociados, que son alrededor de 800 afiliados, clientes así como para las empresas interesadas en invertir en este rubro.
En el siguiente vídeo puede ver la entrevista completa:
