El documento “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, elaborado por la Fundación Milenio, analiza la evolución económica del país entre 2006 y 2026 y sostiene que Bolivia pasó de ser un territorio de tránsito de cocaína a un centro de producción industrial y articulación de mercados ilícitos.
Producción de cocaína y estructura del mercado
El informe estima que, hacia mediados de la década de 2020, la producción de cocaína en Bolivia superó las 300 toneladas anuales de cocaína pura, lo que ubica al país como el tercer productor mundial. Añade que las incautaciones alcanzan aproximadamente el 10% del total producido.
El estudio señala un cambio estructural del mercado ilícito: de organizaciones jerárquicas tipo cártel hacia redes descentralizadas de clanes familiares locales, con funciones especializadas en producción y logística. Estas redes operarían articuladas de forma flexible con organizaciones transnacionales como el PCC, Comando Vermelho y el Cártel de Sinaloa.
En la cadena productiva, el documento identifica la expansión de megalaboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína durante la década de 2020, con concentración en la región del Chapare.
Rutas de exportación y mercados
El informe identifica tres corredores principales del tráfico de cocaína. El primero hacia Brasil, con conexión al mercado europeo; el segundo hacia el Atlántico y el Pacífico; y un tercero a través de Chile con destino final en Australia y Oceanía, considerado de alto valor por los precios internacionales de la droga en esos mercados.
Minería ilegal y economía del oro
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) elevó la minería ilegal de “riesgo emergente” a riesgo alto, debido a su carácter transnacional y su vínculo con lavado de activos y narcotráfico.
El documento estima que la economía del oro mueve alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, lo que representa cerca del 80% de la minería informal, y sostiene entre 500.000 y un millón de personas en su cadena productiva.
Asimismo, se señala la presencia de capital extranjero en el sector, con participación relevante de actores de origen chino en el financiamiento y operación de actividades de extracción aurífera, dentro de circuitos asociados a economías informales.
Gobernanza, control territorial e institucionalidad
El informe describe la existencia de estructuras de poder local en regiones como el Chapare, donde sindicatos cocaleros ejercen funciones de regulación sobre la tierra y la seguridad, operando como autoridades de facto. Según el documento, este esquema habría contenido la expansión de violencia de organizaciones extranjeras, aunque facilitó el desvío de coca hacia el mercado ilícito.
En el plano institucional, se reporta la investigación de al menos 30 efectivos policiales por presuntos vínculos con narcotráfico entre 2022 y 2023. El estudio también menciona indicios de complicidad o negligencia en el sistema judicial y en sectores de las fuerzas de seguridad.
Evolución política y cooperación internacional
El documento sostiene que durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo Evo Morales y Luis Arce, se consolidó una “zona de penumbra institucional” en la que coexistieron economía legal e ilegal, facilitando la penetración de redes criminales en estructuras estatales.
En contraste, señala que la gestión del presidente Rodrigo Paz marca un giro en la política de seguridad, con captura de presuntos capos, restablecimiento de cooperación con agencias como la DEA y participación en esquemas regionales de seguridad.
Hechos recientes
El informe incluye tres hechos relevantes. El 15 de septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó a Bolivia por incumplimientos en la lucha antidrogas. El 7 de marzo de 2026, el país suscribió el acuerdo “Escudo de las Américas” en Miami, junto a otros gobiernos de la región, para intercambio de inteligencia y cooperación contra el crimen organizado. El 13 de marzo de 2026 se registró la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz y su posterior extradición a Estados Unidos, operación en la que se investiga posible colaboración de efectivos policiales.
Propuestas de política pública
Finalmente, el informe plantea cuatro ejes para una estrategia de seguridad integral. Primero, una reforma policial orientada a modernizar la institución, mejorar salarios y reducir incentivos a la corrupción. Segundo, el fortalecimiento de la independencia del sistema judicial y del Ministerio Público. Tercero, la ampliación de la cooperación internacional en inteligencia, control fronterizo y rastreo de flujos ilícitos. Cuarto, una política de contención de cultivos excedentarios de coca mediante acuerdos con productores para su industrialización legal o su reducción progresiva.
