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Constructores, en estado de emergencia por falta de pagos de entidades públicas

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y las empresas constructoras privadas, junto a los trabajadores de la construcción aglutinados en la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB) ante la falta de pago de instituciones públicas del país de Planillas de Avance de Obra acumuladas incluso por años, nos declaramos en emergencia y definiremos una serie de medidas a implementar hasta que las autoridades den solución de este dramático problema.

 

Llegamos a esta situación que ya es insostenible, porque las Administraciones Públicas (Gobierno Nacional, Gobernaciones y Municipios) arrastran por meses, y en algunos casos incluso años, deudas con las empresas privadas de la construcción por Planillas de Avance de Obra impagas que hasta la fecha (julio de 2020) llegan a Bs. 2.500 millones, es decir más de 350 millones de dólares.

La falta de pago afecta el flujo de caja de las empresas, les resta liquidez y pone en riesgo su funcionamiento y operación. Lamentablemente, varias empresas ya han tenido que cerrar ante los problemas financieros.

Si bien esta situación afecta a todas las empresas constructoras, las más perjudicadas son las pequeñas y medianas, que tienen mayores dificultades para acceder al sistema financiero nacional.

Las medidas adoptadas por el actual Gobierno, incluidas en el Decreto Supremo N° 4272, no enfrentan este problema y por lo tanto no lo solucionan.

Entre tanto, y pese a que desde el 11 de mayo se reabrió la posibilidad de que el sector constructor vuelva a trabajar con los protocolos de bioseguridad correspondientes, dos meses y medio después la gran mayoría de las obras públicas siguen paralizadas y no se puede pretender que se reactiven si no se pagan las deudas acumuladas.

 

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La paralización de la obra pública y los problemas de liquidez de las empresas por las deudas atrasadas, ponen en riesgo más de 250.000 empleos directos, y alejan cualquier posibilidad de una rápida y eficiente reactivación de la economía.

La construcción genera 1,5 millones de empleos entre directos e indirectos y está directamente relacionada con otros 17 sectores de la actividad productiva. Por otra parte, un 73% de empresas constructoras trabajan con el sector público.

El Gobierno Nacional debe tomar medidas con carácter de urgencia y deben ser contundentes, pues las consecuencias de la crisis y paralización del sector constructor se reflejarán en la economía y el empleo, al igual que dañarán el tejido empresarial de la construcción.

Nuestro sector ya está con números rojos, con tasas de decrecimiento alarmantes, por lo que a tiempo de declararse en emergencia demanda soluciones efectivas e inmediatas. Necesitamos que estos pagos para reactivar nuestro sector y la economía del país y apoyaremos las medidas que determinen los trabajadores.