Empresarios advierten que el incremento salarial agudiza la informalidad y ahuyenta la inversión
A través de sus representantes, los sectores de la industria, comercio, agropecuario y exportador critican y ven al aumento salarial como una medida “unilateral” adoptada sin diálogo ni análisis técnico, que eleva los costos laborales en un escenario que muestra una economía inestable.
El reciente anuncio oficial sobre el incremento del salario mínimo nacional en un 10%, de Bs 2.500 a Bs 2.750, y un 5% al haber básico ha generado un rechazo de las principales instituciones empresariales del país. La decisión, tomada sin consenso con el sector privado, es calificada como “irresponsable”, “improvisada” y alejada de la realidad económica actual del país, advirtieron las principales instituciones privadas.
Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), las críticas tienen un punto en común: el aumento salarial solo beneficiará al 15% de los trabajadores formales y afectará profundamente la sostenibilidad de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas.
Inflación, déficit y empleos en riesgo
La CNI señaló que la medida agudiza el estancamiento económico. A septiembre de 2024, el PIB solo creció un 2,1%, la tasa más baja desde la pandemia, mientras organismos internacionales proyectan un crecimiento de apenas 1% para 2025. A esto se suma una inflación acumulada del 13,87% a marzo de este año, un déficit fiscal del 10,9% del PIB y escasez de divisas.
“Esta decisión impulsará aún más la inflación, incrementará el déficit fiscal y deteriorará la competitividad de la industria nacional”, advirtió la entidad en un comunicado oficial. La presión sobre las finanzas públicas y las cargas patronales (por cada Bs 100 de salario, el empleador debe asumir Bs 48 en obligaciones laborales) podría empujar al cierre de muchas empresas.
“El compromiso del sector privado con el empleo formal y el crecimiento del país sigue firme, pero no puede sostenerse si el entorno normativo y fiscal sigue debilitándose”, añadió la CNI.
Por su parte la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) resaltó que el aumento tanto al salario mínimo como al haber básico es el más alto de los últimos ocho años, "y se impone en un escenario en el que Bolivia presenta decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficits sostenidos".
Por ende, los efectos que esta medida tendrá sobre la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pymes, y el empleo serpan extremos "El Gobierno deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias de esta determinación", añadió.
En esa misma línea, la CAO, a través de su presidente Klaus Frerking, calificó el ajuste como una medida que “desincentiva la inversión, rompe la cadena productiva y condena al país a una mayor informalidad laboral”. Recordó que solo el 15% de la población ocupada está en el empleo formal, y que las políticas unilaterales ahuyentan la inversión privada, sobre todo en el área agropecuaria, donde ya se perciben señales de desaceleración en la producción e incertidumbre para futuras campañas agrícolas.
Frerking alertó que “lo peor de la crisis aún no ha llegado. Será cuando falten productos básicos en el mercado”, debido a la pérdida de confianza del productor y la caída en los volúmenes de inversión.
La industria oleaginosa en riesgo
La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) también expresó su “profunda preocupación” por la medida, que considera carente de análisis técnico. “El aumento de costos laborales generará una pérdida de competitividad, fomentará la informalidad y dificultará la generación de empleo digno”, afirma su pronunciamiento.
Caniob, que aún arrastra rezagos de crisis anteriores, sostiene que decisiones unilaterales como esta no ayudan a reactivar el aparato productivo, sino que lo debilitan en un momento de alta vulnerabilidad económica.
Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) apeló a un enfoque estructural y de largo plazo. Afirmó que Bolivia necesita una nueva política laboral “del siglo XXI”, centrada en flexibilidad, estabilidad de ingresos y capacitación.
“La práctica de decretar aumentos sin diálogo está vaciada de sostenibilidad. El verdadero debate no es solo salarial, es laboral”, sostuvo su comunicado. Cainco propone una agenda que incluye el congelamiento del salario mínimo, permitir negociaciones sectoriales basadas en productividad y la instalación urgente de una mesa nacional tripartita entre Estado, trabajadores y empleadores.
El sector empresarial coincide en que un congelamiento del salario mínimo nacional es necesario ante el actual contexto económico. Además, todos los pronunciamientos llaman a retomar el diálogo, instalar mesas técnicas y evitar decisiones unilaterales que agraven la crisis.