Cámara Automotor advierte que nacionalizar autos "chutos" reduciría hasta 40% las ventas formales
El posible proceso de nacionalización de vehículos indocumentados vuelve a enfrentar al sector automotor formal con la propuesta impulsada en la Asamblea Legislativa. Para la Cámara Automotor Boliviana (CAB), la medida no solo alteraría el funcionamiento del mercado, sino que también afectaría la seguridad jurídica para quienes importan y comercializan vehículos dentro del marco legal.
En una entrevista exclusiva con Economy, el vicepresidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Erick Saavedra, advirtió que la aprobación del Proyecto de Ley 494/2025-2026 tendría un efecto inmediato sobre las concesionarias formalmente establecidas. Según las estimaciones del sector, las ventas podrían caer cerca de un 40%, debido a que muchos consumidores postergarían la compra de vehículos legales ante la expectativa de acceder a motorizados regularizados a precios considerablemente menores.
En ese contexto, Saavedra afirmó que la iniciativa "representaría un golpe devastador para el mercado automotriz legalmente constituido", al considerar que terminaría desincentivando la inversión privada y enviando una señal que favorece el contrabando sobre la actividad formal.
Distorsión de precios y depreciación del mercado formal
La CAB sostiene que una eventual nacionalización no provocaría una reducción natural de precios, sino una fuerte distorsión en el mercado al incorporar vehículos que ingresaron al país sin cumplir obligaciones tributarias ni aduaneras.
De acuerdo con Saavedra, esa diferencia impediría competir en igualdad de condiciones a las concesionarias, ya que un vehículo comercializado legalmente puede alcanzar un valor cercano a los $us 40.000, mientras uno de similares características ingresado de contrabando puede ofertarse por alrededor de $us 5.000.
El ejecutivo explicó que esa diferencia también depreciaría el valor de reventa de los vehículos adquiridos legalmente, afectando el patrimonio de miles de familias que financiaron su compra mediante créditos. A su juicio, la consecuencia sería una competencia desleal que alteraría toda la estructura de precios del sector automotor.
Impacto sobre el empleo y la inversión
Para el sector, las consecuencias irían mucho más allá de una caída en las ventas. La CAB advierte que una contracción del mercado formal obligaría a reducir operaciones, cerrar sucursales y afectar miles de fuentes laborales vinculadas a la cadena automotriz.
Según datos del gremio, el sector genera más de 8.000 empleos directos y hasta 50.000 puestos de trabajo indirectos entre talleres, venta de repuestos, aseguradoras y servicios financieros.
Además, Saavedra señaló que la incertidumbre regulatoria podría desalentar nuevas inversiones de las marcas internacionales en Bolivia, que ya enfrentan dificultades por la escasez de divisas, combustibles y el rezago tecnológico del parque automotor. Recordó también que el sector aporta más de $us 500 millones anuales en impuestos, por lo que una disminución de la actividad formal tendría efectos directos sobre la recaudación fiscal.
El antecedente de las anteriores regularizaciones
La Cámara Automotor Boliviana considera que las experiencias anteriores demuestran que las nacionalizaciones no lograron frenar el ingreso de vehículos ilegales.
El gremio recordó que Bolivia aplicó procesos similares en 1998, 2004 y 2011. Este último permitió regularizar más de 70.000 motorizados bajo el compromiso de que sería una medida excepcional. Sin embargo, sostiene que el contrabando continuó creciendo y que actualmente circulan entre 750.000 y 1,5 millones de vehículos indocumentados en el país.
Sobre ese punto, Saavedra afirmó que estos procesos generan "un efecto llamada", porque incentivan el ingreso de nuevas unidades con la expectativa de futuras amnistías. Desde la perspectiva del sector, los ingresos extraordinarios que pudiera obtener el Estado no compensarían el impacto permanente sobre la economía formal, el empleo y la creciente demanda de combustibles subsidiados.
Las condiciones que plantea el sector
Aunque la Cámara Automotor Boliviana reiteró su rechazo al proyecto de ley, también planteó una serie de condiciones en caso de que la iniciativa avance.
Entre las principales propuestas figuran la verificación del origen legal de cada vehículo mediante certificaciones nacionales e internacionales, el pago de la totalidad de impuestos y aranceles omitidos junto con sanciones adicionales, la prohibición de transferir los vehículos regularizados durante al menos cinco años y la exigencia de revisiones técnicas y ambientales antes de autorizar su circulación.
El gremio también propone incentivos para el sector formal, como la reducción de aranceles para la importación de vehículos nuevos, eficientes y eléctricos, además de beneficios tributarios destinados a preservar la inversión y el empleo.
Para la CAB, la solución al problema de los vehículos indocumentados no pasa por nuevas regularizaciones, sino por fortalecer los controles fronterizos y combatir el contrabando. En esa línea, Saavedra sostuvo que legalizar estos motorizados "premia la ilegalidad", una decisión que —afirmó— termina perjudicando a quienes cumplen con las normas y sostienen la economía formal del país.