CEPB advierte que diferimiento de créditos pone en riesgo al sistema financiero
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se pronunció en contra del Proyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea un nuevo diferimiento del pago de cuotas de créditos para vivienda de interés social y de micro y pequeñas unidades económicas. Según la entidad, esta iniciativa “representa un riesgo para la economía, porque pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional”.
El pronunciamiento sostiene que las entidades dedicadas al microcrédito serían las más afectadas, dado que más del 80% de su cartera vigente sufriría el freno en los pagos, colocándolas al borde de suspender sus actividades.
La CEPB cuestionó que la medida se haya impulsado “de forma vertical y sin consenso con los actores directamente involucrados”, calificándola como una intervención regresiva en la economía y una distorsión a la relación entre ahorristas, prestatarios y entidades financieras.
“Comprendemos la delicada situación que atraviesan muchas familias y unidades económicas, pero la crisis debe enfrentarse con políticas estructurales y coherentes, no con medidas dispersas e improvisadas que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre”, subrayó la institución.
La organización recordó que medidas similares aplicadas en los últimos años no resolvieron los problemas que buscaban corregir. Por el contrario, incrementaron la mora y generaron una peligrosa tendencia a evadir el cumplimiento de obligaciones contraídas.
El comunicado advierte que la postergación de pagos no solo afecta a las entidades financieras, sino también compromete los ahorros de personas naturales y jurídicas, los ingresos de las compañías de seguros y la posibilidad de acceder a nuevos créditos debido a la falta de liquidez.
Finalmente, la CEPB exhortó a los miembros de la Cámara de Senadores a tomar “una decisión prudente y correcta” que impida la aprobación de una norma que podría profundizar la crisis. Asimismo, consideró que cualquier disposición que involucre la estabilidad del sistema financiero debe ser definida por la próxima gestión de gobierno, “sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”.