Empresarios rechazan la Disposición Séptima y anuncian paro nacional si no es derogada
Los actores de la cadena de abastecimiento en Bolivia emitieron un pronunciamiento contundente exigiendo la derogación de la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
En un documento firmado por representantes de la producción, el comercio y el transporte, el sector privado, encabezado por César Gonzales, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, alertó que esta normativa impone mayores controles y sanciones que, en lugar de solucionar problemas estructurales como la falta de divisas y combustibles, ponen en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.
Exigencias clave del sector privado
Ante la falta de respuesta del Gobierno y la Asamblea Legislativa, los empresarios establecieron siete determinaciones para defender la seguridad jurídica del abastecimiento de productos en Bolivia:
1. Derogación inmediata de la Disposición Séptima
El sector privado demanda que el Poder Ejecutivo gestione la eliminación de la norma, argumentando que ya existen sanciones contra el agio y la especulación, por lo que esta disposición solo añade presión e incertidumbre al mercado.
2. Intervención del Legislativo
Los empresarios piden al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa que use sus buenos oficios para facilitar la derogación, evitando así un conflicto mayor con el sector productivo y comercial del país.
3. Propuesta de Ley
En los próximos días, el sector presentará un proyecto de Ley que busque la eliminación formal de la Disposición Séptima, con el objetivo de restablecer condiciones que fomenten la producción y el comercio sin restricciones arbitrarias.
4. Paro movilizado nacional
Si el Gobierno no atiende la demanda, la cadena de abastecimiento convocará a un paro de 24 horas el 10 de febrero, lo que podría generar un impacto significativo en la distribución de productos esenciales en todo el país.
5. Rechazo a cualquier reunión sobre la reglamentación
Las instituciones involucradas en el pronunciamiento ratificaron que no asistirán a ninguna reunión convocada para reglamentar la Disposición Séptima, ya que su única exigencia es la derogación total de la medida.
6. Llamado a la estabilidad económica
El sector privado pide a las autoridades que prioricen el bienestar de la población y permitan que la actividad productiva continúe sin mayores trabas, enfatizando la importancia del sector en la generación de empleo y estabilidad económica.
7. Ratificación de anteriores resoluciones
Los empresarios reafirmaron los acuerdos alcanzados en los ampliados multisectoriales previos, consolidando una postura unificada en contra de cualquier regulación que atente contra la seguridad jurídica del abastecimiento.
Conflicto en escalada
El empresariado advierte que la falta de combustibles y divisas, así como los problemas de abastecimiento, no son responsabilidad de los sectores productivos, sino de un contexto económico desafiante que requiere soluciones estructurales en lugar de medidas punitivas.
Con el paro del 10 de febrero en el horizonte, se espera que en los próximos días se defina el rumbo de esta disputa que pone en juego la estabilidad del abastecimiento y la economía del país.