Gobierno apunta a regiones para bajar aún más el déficit fiscal
La siguiente etapa del ajuste debe involucrar a alcaldías, gobernaciones y universidades, cuyos gastos crecieron mientras sus ingresos por IDH disminuyeron
El Gobierno identificó a gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas como el principal frente para continuar la reducción del déficit fiscal del país, luego de asegurar que el nivel central ya ejecutó un importante ajuste del gasto público.
Bolivia cerró la gestión 2025 con un déficit fiscal del 12,2% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), según cifras oficiales y el objetivo del gobierno de Rodrigo Paz es reducir esa cifra al menos hasta el 9% en esta gestión.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dijo que el Gobierno central ya está haciendo su parte al reducir al menos el 30% del gasto público; sin embargo, para seguir bajando el déficit, la tarea está ahora en manos de los gobiernos subnacionales.
En criterio de Espinoza, los gobiernos subnacionales y algunas entidades descentralizadas, no adecuan su estructura de gastos a la reducción de ingresos que sufrieron en los últimos años.
En ese contexto, el ministro de Economía informó a La Razón que la administración central redujo en 30% el gasto corriente no esencial, mediante recortes en publicidad, viajes, viáticos, compras menores y la no renovación de contratos de personal considerado no indispensable.
Sin embargo, afirmó que ese esfuerzo representa solo una parte del proceso de reducción fiscal. «El componente de las empresas públicas tiene un peso en el déficit fiscal, pero no es el mayor. Hoy la gran mayoría del déficit fiscal que queda por reducir pasa por el lado de las alcaldías, gobernaciones y algunas entidades descentralizadas como las universidades», señaló la autoridad.
Menos recursos
El ministro no dio una cifra exacta sobre cuánto representa el déficit en las regiones, pero según estimaciones basadas en cifras, estaría entre 4% y 6%.
Espinoza explicó que los gobiernos subnacionales mantienen una estructura administrativa diseñada para la época de mayor bonanza de los hidrocarburos, cuando recibían elevados ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). «Tienen muchas deudas, ingresos que han venido a la baja y una burocracia acomodada a los recursos que recibían hace diez años. No han reducido su estructura, pero tampoco cuentan hoy con los ingresos de ese periodo», remarcó.
Ante ese escenario, el Órgano Ejecutivo plantea abrir un proceso de coordinación con los gobiernos subnacionales para reordenar las finanzas públicas, redefinir competencias y hacer más eficiente la inversión estatal.
Como parte de esa estrategia surge la propuesta denominada 50/50, que, según Espinoza, no consiste en entregar mayores recursos a alcaldías y gobernaciones, sino en construir una nueva relación de corresponsabilidad entre los distintos niveles del Estado. El plan contempla ordenar deudas, redistribuir responsabilidades, redefinir competencias y evitar la duplicación de proyectos de inversión mediante una mejor coordinación.
Espinoza aclaró que el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026 no reduce los recursos de las entidades territoriales y que el ajuste aplicado hasta ahora recayó exclusivamente sobre el Gobierno central.
Añadió que el objetivo para 2027 será alcanzar un acuerdo nacional que permita racionalizar el gasto público sin disminuir la inversión destinada a servicios.
Corresponsabilidad
El ministro dijo que el objetivo es transformar la relación entre el nivel central, las gobernaciones y las alcaldías mediante un esquema de corresponsabilidad que permita reordenar deudas, redefinir competencias y hacer más eficiente la inversión pública.
Y aclaró que la propuesta no busca otorgar mayores recursos a las autoridades subnacionales, sino establecer un nuevo modelo de coordinación para mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado.
«La idea del 50/50 no es beneficiar al alcalde o al gobernador de turno con más recursos para que vea qué hace. Tiene que haber una contrapartida y una fiscalización de la ciudadanía», afirmó.
Según la autoridad, el programa plantea una revisión integral de las responsabilidades de cada nivel de gobierno, incluyendo la redistribución de competencias, la reorganización de obligaciones financieras y el ordenamiento de las deudas acumuladas por las entidades territoriales.
Espinoza explicó, además, que el objetivo final es que los recursos públicos lleguen de manera más eficiente a áreas como salud, educación, infraestructura y servicios básicos. «El 50/50 es, en realidad, una nueva relación entre el Gobierno central y los subnacionales mucho más cooperativa, donde el principal beneficiario es la gente, es toda la población», explicó a La Razón.
Uno de los problemas identificados por el Ministerio de Economía es la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado al momento de ejecutar proyectos de inversión. Como ejemplo, señaló que existen casos en los que el Gobierno central, una gobernación y una alcaldía programan simultáneamente inversiones para proyectos de riego en una misma zona, generando duplicidad de esfuerzos y un uso ineficiente de los recursos públicos. Por ello, el plan plantea definir qué nivel de gobierno debe ejecutar cada proyecto para evitar superposiciones y optimizar la inversión.
Recursos eficientes
«No es que habrá menos recursos para la inversión pública, sino recursos más eficientes», afirmó.
Espinoza indicó que la implementación del plan requerirá un acuerdo entre el Gobierno central, gobernadores y alcaldes, ya que la propuesta no puede imponerse desde el Ejecutivo.
El ministro de Economía enfatizó que el 50/50 no se limita a una modificación presupuestaria, sino que constituye un proceso de transformación del Estado que deberá desarrollarse de manera gradual, considerando las diferentes realidades de municipios y gobernaciones.
En ese contexto, el ministro dijo que “técnicamente” no ve viable la propuesta del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de coparticipar el Impuesto a las Transferencias, al que calificó como “distorsivo” e incluso planteó su eliminación.
Además, en criterio de Espinoza, ordenar las cuentas con los gobiernos subnacionales es fundamental y dijo que se puede hacerlo de manera individual en el marco de la autonomía o en coordinación con el gobierno central.
“En términos fiscales hay que ordenar las cuentas de los gobiernos subnacionales. No hay una (gobernación o alcaldía) que no tenga problemas y no les va a alcanzar ninguna cantidad de recursos que se les dé mientras no ordenen sus cuentas fiscales y eso hay que hacerlo ya sea en el marco de la autonomía cada uno o podemos hacerlo en conjunto, preferiríamos que sea en conjunto, es menos traumático”.
Esa discusión, sobre la urgencia de reducción de gastos, arrancará el 5 de agosto, cuando el Ejecutivo se reunirá con los gobernadores en Sucre.