Gobierno convoca al diálogo por la disposición séptima del PGE 2025; buscan consenso con sectores clave
La administración de Luis Arce reitera su invitación a gremios empresariales para trabajar en la reglamentación. Las reuniones están previstas para la próxima semana en La Paz y se realizarán por separado con cada sector.
El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ha renovado su convocatoria a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias y Comercio, y la Cámara de Exportadores de Bolivia, para dialogar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Las reuniones están previstas para la próxima semana en La Paz y se realizarán por separado con cada sector.
El ministro César Siles explicó que el diálogo busca despejar inquietudes sobre términos claves como “control”, “fiscalización”, “comiso” y “confiscación”. Según el Gobierno, estos conceptos han generado interpretaciones erróneas en algunos sectores movilizados, lo que ha dificultado un entendimiento común.
“Esta disposición refuerza las facultades legales del Estado para garantizar la seguridad alimentaria y precios justos, pero diferenciando claramente entre las funciones de control y fiscalización, y los procesos judiciales relacionados con comiso o confiscación”, aseguró Siles.
De acuerdo con el portal Ahora el Pueblo, el objetivo es avanzar en una reglamentación participativa que involucre a todos los actores, con el fin de proteger el abastecimiento de alimentos esenciales y su accesibilidad para la población.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, y el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, también acompañan la iniciativa, subrayando la importancia de incluir a los gobiernos municipales en el proceso de reglamentación, dado su papel en la fiscalización de precios y provisión local de alimentos.
Pese a que en una convocatoria anterior los representantes de la CAO y la Cámara de Exportadores, José Luis Farah y Osvaldo Barriga, no respondieron favorablemente, el Gobierno ha reiterado su invitación, esta vez formalizada públicamente a través de los medios de comunicación.
Medidas de presión
Los distintos actores de la cadena productiva y de abastecimiento anunciaron para el 10 de febrero una “movilización contundente” para el 10 de febrero en demanda de que se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, porque consideran que es extorsiva para los actores económicos, de acuerdo con una publicación de Erbol.