POSTURA INSTITUCIONAL

Economistas expresan máxima preocupación por el PGE 2025 y proponen ajustes significativos

El Colegio de Economistas concluyó que el PGE 2025 no responde adecuadamente a la crisis económica que atraviesa el país y podría exacerbar los problemas fiscales y macroeconómicos existentes.

El Colegio de Economistas de Santa Cruz expresa su profunda preocupación por el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2025, advirtiendo sobre su falta de realismo y el riesgo de agravar la crisis económica del país.

En un análisis exhaustivo, el Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) señala que el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) refleja un manejo cuestionable de las finanzas públicas y enfatiza la urgencia de implementar ajustes significativos para garantizar la sostenibilidad económica, proteger el poder adquisitivo de los bolivianos y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

El PGE 2025 plantea un crecimiento económico del 3,51% y un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el CESC considera estas metas excesivamente optimistas frente a la coyuntura actual, marcada por una desaceleración económica, escasez de divisas y una significativa caída en las Reservas Internacionales Netas (RIN). Con apenas $us 46,8 millones en reservas líquidas, el país enfrenta una inminente crisis de balanza de pagos que podría comprometer los pagos internacionales, como el servicio de la deuda externa y la subvención de hidrocarburos.

El crecimiento económico proyectado se fundamenta principalmente en la explotación de recursos primarios, ignorando la urgente necesidad de diversificar la economía y fortalecer sectores clave como la agroindustria, la manufactura y los servicios. Además, los efectos climáticos adversos y la inestabilidad en la provisión de combustibles complican aún más el escenario para la producción agrícola.

Incremento del gasto corriente y baja inversión pública

Otro aspecto alarmante es que más del 58,8% del presupuesto se destina a gastos corrientes, mientras que la inversión pública estratégica se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años. El CESC enfatiza que esta distribución de recursos limita el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, especialmente en sectores productivos estratégicos. Asimismo, advierte que la presión tributaria recaerá sobre los sectores más vulnerables, dadas las bajas expectativas de crecimiento económico.

Endeudamiento insostenible

El análisis también destaca la preocupante dependencia del endeudamiento externo e interno para financiar el déficit fiscal proyectado. En 2023, el endeudamiento interno alcanzó Bs 101.000 millones, un incremento de más de seis veces desde 2019. Estos recursos se destinan principalmente a gastos corrientes, lo que pone en duda la sostenibilidad financiera del país. Además, el CESC cuestiona el uso de recursos financieros concesionales del Banco Central de Bolivia (BCB) para cubrir pagos de corto plazo, señalando una alarmante falta de independencia e institucionalidad del ente emisor.

Recomendaciones clave del CESC

Para abordar las debilidades del PGE 2025, el CESC propone:

  • Metas macroeconómicas más realistas: Ajustar las proyecciones de crecimiento económico y déficit fiscal para reflejar las limitaciones actuales y garantizar la estabilidad a largo plazo.
  • Priorizar la inversión pública: Redirigir recursos desde el gasto corriente hacia inversiones estratégicas que promuevan el desarrollo sostenible y generen empleo.
  • Diversificar las fuentes de divisas: Impulsar el sector exportador y atraer inversión extranjera directa para reducir la dependencia del endeudamiento.
  • Fortalecer la institucionalidad: Garantizar que el manejo de las reservas internacionales y las decisiones sobre endeudamiento cumplan con la Constitución y respondan a criterios técnicos sólidos.

El Colegio de Economistas concluyó que el PGE 2025 no responde adecuadamente a la crisis económica que atraviesa el país y podría exacerbar los problemas fiscales y macroeconómicos existentes. En esta línea, insta al Gobierno a actuar con responsabilidad fiscal y transparencia, implementando medidas urgentes que fortalezcan la confianza en las instituciones y protejan a las familias bolivianas de los impactos de una crisis económica prolongada.