Bolivia mantiene el segundo Riesgo País más alto de América, un desafío para la inversión y estabilidad, afirman expertos

El Índice de Riesgo País (EMBI, por sus siglas en inglés) de JP Morgan, actualizado al miércoles 19 de febrero de 2025, posiciona a Bolivia como la segunda nación con mayor riesgo financiero en el continente americano, con un puntaje de 2.021 puntos básicos, solo superada por Venezuela, que alcanza los 18.135 puntos.

Al respecto, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, explica que la falta de carburantes, la escasez de dólares y una inflación histórica, que han llevado al Gobierno a vetar la exportación de carne vacuna, sumado a un escenario con duras críticas a los muy cuestionables contratos de litio que firmó el Gobierno, todo esto está afectando a la credibilidad y certidumbre de invertir en el país, lo cual sin duda ha elevado últimamente el “riesgo país” de Bolivia.

El economista hace una comparación entre la situación nacional y la de los países de la región. “El primer lugar lo ocupa Venezuela con un riesgo país de 17.813 puntos, de ahí le sigue Bolivia con 2.021 puntos, y en tercer lugar se encuentra Ecuador con 1.319 puntos”, remarca Romero. Los países con menos riesgo para invertir son Uruguay (86 puntos), de ahí le sigue Chile (120 puntos) y Perú (151 puntos). A nivel mundial el promedio es de 283 puntos y a nivel de Latinoamérica es de 412 puntos.

“Bolivia, destronó a la Argentina, el 29 de noviembre del 2023, como la economía con mayor Riesgo País de todo el continente americano y de la región. En aquel entonces nuestro país tenía un EMBI de 2,046 puntos y cerró el 2023 con 2.233 puntos. El pasado 2024 nuestra economía comenzó con un Riesgo País de 2.121 puntos, el registro más bajo de esta gestión fue de 1.701 puntos el 05/03/2024”, recuerda el economista.

Añade que, posteriormente, este indicador estuvo relativamente estable, hasta el 26 de junio de 2024, donde ocurrió la "toma militar" en la sede de Gobierno, donde al día siguiente comenzó a ascender (2.082 puntos) hasta llegar a un tope de 2.318 puntos el 10/09/2024. Luego, paulatinamente, hubo una relativa tendencia a bajar, pero a fines de noviembre nuevamente superó los 2.000 puntos, hasta el 31 de diciembre donde se concluyó el 2024 con un riesgo país de 2.087 puntos.

Algunos datos interesantes, según Romero, es que hace cinco años, es decir el 10 de febrero del 2020, el Riesgo País boliviano era de apenas 275 puntos, y durante este periodo, hasta la fecha, creció en un 635%. A partir del 15 de marzo de 2023, el economista explicó que el indicador supero la barrera de los 1.000 puntos, con un riesgo país de 1.033 puntos, “lo cual coincide con el inicio de la crisis cambiaria, que tuvo como consecuencias la escasez e iliquidez de dólares en el sector público y privado nacional, como su precio elevado en el mercado paralelo”.

Romero añadió que Bolivia no siempre tuvo un riesgo país tan elevado ni menos ocupada el 2do lugar en el continente, inclusive llego a tener años antes menos de 100 puntos de índice EMBI, pero desde el 2023, por problemas de solvencia y liquidez en el gobierno nacional, deterioro este indicador, y la confianza en el repago de nuestra deuda externa.

La realidad nacional y su efecto en Santa Cruz

Por su parte, la presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, afirma que el Riesgo País refleja una percepción negativa sobre la estabilidad macroeconómica y la capacidad de pago de la deuda externa, lo que encarece el acceso a financiamiento externo y reduce la confianza de los inversionistas. En el caso de Santa Cruz, Pacheco destaca que el impacto es significativo, especialmente en sectores como la agroindustria, donde el financiamiento es clave para la expansión y modernización.

“El encarecimiento del crédito y la posible reducción de inversión extranjera pueden limitar la competitividad del sector, afectando tanto la producción como las exportaciones, en un contexto donde la seguridad jurídica y la estabilidad cambiaria son esenciales”, indica Pacheco.

Para la representante de los economistas en Santa Cruz, el sector empresarial de Santa Cruz desempeña un rol clave en la atracción de inversión a través de la diversificación productiva, el fortalecimiento de la institucionalidad privada y la promoción de alianzas público-privadas para mejorar infraestructura y competitividad. “También es menester recalcar que el sector empresarial, ya impulsa el cumplimiento de estándares internacionales en gobernanza corporativa, sostenibilidad y transparencia”, señala, por lo que la viabilidad que pueda brindar en ente gubernamental coadyuvará en mejorar la percepción de Bolivia como destino de inversión.

“Si bien el Gobierno ha mantenido una política de tipo de cambio fijo, el alto riesgo país podría generar presiones sobre el boliviano, ya que reduce la confianza en la capacidad del Estado para sostener esta política a mediano plazo. Actualmente, la menor disponibilidad de divisas ha comenzado a generar ajustes en el régimen cambiario causando un tipo de cambio paralelo, lo que ha encarecido las importaciones y ha impactado en la inflación”, afirma Pacheco.

En este sentido, agrega que en Santa Cruz, donde el comercio internacional y la agroindustria dependen de insumos importados, este efecto es más evidente. Entonces, indica que es fundamental que el Gobierno refuerce las estrategias de mitigación, promoviendo mayores incentivos a la producción local y consolidando acuerdos comerciales estratégicos que garanticen el abastecimiento y estabilidad de costos para los privados.

Pacheco destaca algunas políticas económicas que se deberían priorizar para contrarrestar el puntaje de 2.021 y evitar el deterioro de la economía nacional:

1. Fortalecimiento de reservas internacionales: Medidas que incentiven la repatriación de divisas y la diversificación de exportaciones irrestrictas.
2. Seguridad jurídica y atracción de inversión: Reformas a la legislación vigente, que brinden estabilidad a los inversionistas y fortalezcan el clima de negocios.
3. Diversificación económica: Incentivar sectores con alto valor agregado y fomentar su industria con tecnología e innovación para reducir la dependencia de materias primas.
4. Política cambiaria prudente: Evitar desequilibrios que generen incertidumbre en los mercados financieros y comerciales, con políticas estructurales.