Durante los últimos 7 años, la banca boliviana destinó, por normativa, parte de sus utilidades para generar fondos de garantía que, hasta junio de 2022, suman algo más de $us 768 millones. De esa cantidad, solo un 37% fue utilizado, quedando un margen disponible de $us 482,9 millones en tres fondos: FOGAVISP, FOGACP y el recientemente creado FOGAGRE.
Gracias al Fondo de Garantías de Créditos de Vivienda de Interés Social (FOGAVISP), personas como Jasmani Villanueva, cliente de BancoSol, pudieron beneficiarse con el 100% del financiamiento de su vivienda, ya que este fondo suple al aporte propio del 20% exigido regularmente por los bancos.
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta julio pasado, el número de beneficiarios de créditos garantizados con el FOGAVISP suma 19.872 operaciones, vale decir, el 21% de las 93.901 familias beneficiadas con los créditos de vivienda de interés social. En cifras, la cartera garantizada por este fondo llegó a los $us 1.218 millones. El informe oficial destaca que el Banco Unión, Mercantil Santa Cruz y Banco Nacional de Bolivia encabezan el uso de este fondo.
“Los Fondos de Garantía son parte de los instrumentos de la política pública que apoyan los objetivos que tenemos de profundizar y lograr la inclusión financiera (…) La política pública, a través de estos fondos, permite que personas que antes no podían acceder al crédito, ahora sí pueden hacerlo”, explicó Reynaldo Yujra, director ejecutivo de la ASFI.
Justamente, la Ley de Servicios Financieros establece que las entidades financieras destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades netas -monto fijado mediante decreto supremo- para fines de cumplimiento de su función social.
En la región, algunos países tomaron o impulsaron medidas similares para contrarrestar los efectos de la pandemia y, de este modo, “salvar” a las pequeñas y medianas empresas que, aunque caracterizados por su informalidad, significan una gran fuente de empleo. Entre los ejemplos que cita un documento publicado por la CAF, se encuentra Reactiva Perú con un fondo de $us 9.000 millones, también hace referencia al Fondo Nacional de Garantías creado por el gobierno colombiano.
Un documento de análisis de la CEPAL, titulado “Hacia un sistema nacional de Garantías, indica que la crisis desatada por el Covid-19 puso de manifiesto otra faceta en la que se ha destacado y potenciado el rol de los Sistemas de Garantías de Crédito (SGC), que es su papel central en el instrumental de políticas contracíclicas. En períodos de dificultades económicas se potencian los problemas de acceso al crédito, profundizando las dificultades de las mipymes, e incluso llegan a impedir la financiación de empresas de mayor porte.
“La acción de los gobiernos durante la pandemia fue decidida, ya que evitó la disrupción de la cadena de pagos y promovió la financiación del capital de trabajo. A este fin, los fondos de garantía públicos fueron actores centrales en todas las latitudes, al recibir una importante masa de recursos. Durante la crisis sanitaria, los SGC no solo multiplicaron varias veces su volumen de operaciones, también tendieron a flexibilizar sus parámetros operativos al incrementar las cotas de cobertura y los sectores alcanzados, y bonificar parte de los costos de comisiones y tasas”, explica el documento.
Yujra destacó que los créditos productivos y de vivienda social son los que generan una menor morosidad en el sistema financiero. Explicó que los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo (FOGACP) permiten que los microempresarios puedan llegar hasta un 50% con garantía de este fondo, que “antes no podían hacerlo”. Subrayó que el microcrédito ocupa el 46% de los créditos asignados a las unidades empresariales, algo que no se puede observar en otros países. “En general estos microcréditos están otorgados a personas y familias de actividades en pequeña escala y eso estaría dinamizando el motor del crecimiento de la economía, algo que tampoco se tenía en años anteriores”, señaló.
BancoSol lidera el uso de los fondos de garantía destinados al sector productivo, a junio de 2022, con un monto superior a los $us 33 millones. De acuerdo a su Memoria Anual FOGACP-BSO 2021 -publicación que todas las entidades deben realizar por normativa-, BancoSol logró garantizar un total de 7.850 operaciones. En montos, Banco Mercantil Santa Cruz y Banco FIE continúan en la lista de entidades que mayor uso dieron a este fondo. En total, las 14 entidades financieras administradoras de este fondo, otorgaron garantías por $us 142 millones.
De acuerdo al economista José Luis Carvajal, el crecimiento de los créditos para estos sectores se debe fundamentalmente a que el Gobierno fijó techos para las tasas de interés en ambos sectores y ha definido límites para la cartera de créditos (porcentaje de la cartera) para ambos sectores que deben ser cumplidos por las entidades de intermediación financiera. “Los Fondos de Garantía han coadyuvado a este crecimiento, pero en menor proporción, ya que los montos de ambos fondos son bajos comparado con la cartera total en vivienda y en el sector productivo”, explicó.
El FOGAGRE, fondo destinado a cubrir las necesidades del sector gremial, otorgando una garantía a los solicitantes del 50%, cuenta con una disponibilidad de algo más de $us 100 millones, íntegros, pues hasta junio de 2022, ninguna entidad había hecho efectivo el uso del mismo luego de su anuncio por parte del Ministerio de Economía en marzo pasado.
“Ante la necesidad que tiene el sector gremial para acceder a créditos se ha determinado la creación del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (FOGAGRE) el cual permitirá otorgar garantías para créditos de capital de operaciones y capital de inversión, es importante destacar que, aproximadamente de 1,2 millones de gremialistas, el 90% son mujeres, en este caso son el soporte de las familias”, declaraba en ese entonces la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
El acceso a estos fondos no conlleva un trámite adicional a los requeridos por los bancos, y su aprobación es de, máximo, dos días hábiles. La norma especifica que los fondos pueden cubrir la garantía de la misma entidad administradora o, incluso, de otros Bancos Múltiples o Bancos PYME.
Por otro lado, los patrimonios conformados podrán hacer inversiones en valores e instrumentos financieros, todos, sujetos a normativa.
La reglamentación de los fondos, detalla que las entidades deben generar programas periódicos de promoción e información, dirigiendo sus acciones principalmente a los potenciales beneficiarios. También la ASFI y el Ministerio de Economía generaron puntos de acercamiento e información a la ciudadanía por medio de ferias y visitas a los departamentos.
La norma induce también a las financieras a hacer pública, en sus páginas web, toda la información relevante sobre la información de los fondos. Una revisión a los portales de los bancos indica que estos acataron esta disposición a cabalidad -brindar información-, y entidades como el Banco Nacional de Bolivia incluso habilitaron un botón para acceder directamente a un crédito con este beneficio.
Pero si se cumple con la divulgación de la información, ¿por qué aún no está utilizado más del 62% de estos fondos? Respondió Reynaldo Yujra: “Normalmente esto tiene que ver con las políticas y procedimientos de las entidades financieras. Desde la supervisión estamos incidiendo para que las entidades sean más dinámicas y expliquen mejor a los usuarios y a la clientela y espero que dentro de poco tengamos un mejor uso de esos fondos”.
“Viendo los datos de la cartera garantizada, un 38% en el caso de los créditos de vivienda social y un 51% en el caso de los créditos productivos se advierte que hay todavía un trabajo importante que deben realizar los bancos para promover el uso de los fondos de garantía, sin embargo, sería interesante conocer el criterio de los beneficiarios respecto de los fondos de garantía como un mecanismo para incentivar el acceso a los créditos”, reforzó el analista económico.
Si bien el propósito de la creación de estos fondos es la de impulsar los créditos de vivienda y créditos al sector privado, se deberían tomar en cuenta -además- otras iniciativas, apuntó José Luis Carvajal. “Además de los Fondos de Garantía, se debe analizar la posibilidad de crear en el país las Sociedades de Garantía Recíproca. Entenderemos como Sociedades de Garantía Recíproca, a aquellas entidades cuyo objeto principal es facilitar el acceso al crédito/financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), a través de la otorgación de un aval. Estas sociedades se presentan como un instrumento que permite a las Pymes garantizar cualquier tipo de compromiso u obligación ante la entidad financiera en el caso del crédito bancario y/o ante los inversionistas en el caso del mercado de valores”, acotó.
Detalló también que otra iniciativa importante sería diseñar los mecanismos para permitir el acceso de Pymes a financiamiento a través del mercado de valores. Así mismo, la creación de Fondos de Inversión que actúen como fondos de garantía para apoyar al sector productivo. “Una alternativa que empieza a adquirir importancia en la región es el diseño de mecanismos crediticios dirigidos a las mujeres, como los créditos a mujeres, ya que ellas han demostrado ser buenas pagadoras”, concluyó el analista.
