La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) demandó al Gobierno nacional que deponga la medida asumida en el Decreto Supremo 4794, que restringe a las industrias el uso del gas natural en la generación de energía eléctrica para consumo propio y que los conmina a suministrarse del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Además, hizo notar que esta medida es consecuencia de una "política de hidrocarburos ineficiente".
Las industrias del país tienen un año para adecuarse a lo establecido en esta normativa, que entró en vigencia el pasado 7 de septiembre de 2022 y que señala que “los usuarios de Redes de Gas que cuenten con equipos de generación de energía eléctrica de respaldo, podrán utilizar complementariamente el gas natural en la generación eléctrica, sólo en caso de existir fallas en el SIN mientras dure el evento”.
Además, el decreto establece que “los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la categoría industrial serán destinados por YPFB para el mercado que genere mejores ingresos al Estado”.
En una conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la posición de Cainco, su gerente de Desarrollo Empresarial, Luis Fernando Strauss, manifestó que esta norma “no fue consultada con el sector empresarial” y que desconoce todos los esfuerzos e inversiones millonarias realizadas por industrias, con la compra de generadores y otras tecnologías modernas para la autogeneración de energía eléctrica a través del gas natural.
El representante del sector empresarial cruceño, recordó que el Decreto Supremo 1996 (del 15 de mayo de 2014) permitió que las industrias tengan “una fuente de energía estable y continua, sin cortes de electricidad por el alto consumo” y que también resultó de beneficio para la población, al acceder a productos bolivianos a un menor precio.
“El Gobierno está obligado a garantizar el consumo y mercado interno del gas de manera permanente e ininterrumpida para el consumo industrial y doméstico. Esto no lo dice un simple Decreto Supremo, sino la propia Constitución Política del Estado, la Ley 3058 “Ley de hidrocarburos” y la Ley 3740 “Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”, sostiene la Cainco.
Política de hidrocarburos “ineficiente”
Para la Cainco, la política de hidrocarburos en Bolivia fue ineficiente y "es culpa del Gobierno nacional no haber fomentado las inversiones para nuevas exploraciones y explotación de reservas de gas".
“No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia, quitándonos el gas para autogenerarnos energía eléctrica. No podemos permitirlo porque hoy les quitan a las industrias y mañana será a los hogares de las familias bolivianas”, sostiene la organización gremial empresarial.
Además, la Cainco denunció que con el Decreto Supremo 4794, el Gobierno estará quitando el gas a las industrias bolivianas, para priorizar la exportación del energértico a Argentina y Brasil.
"El gas debe seguir siendo de los bolivianos y de nuestras industrias. Es un derecho constitucional y por eso el Gobierno debe asegurar el consumo interno del país antes de vender nuestro recurso a países vecinos", remarcó la Cainco.
