La suerte está echada. El 1 de mayo, sino antes, el Gobierno de Luis Arce anunciará el porcentaje de incremento salarial al Salario Básico y al Salario Mínimo Nacional para este 2022 que, de acuerdo a la respuesta de los trabajadores afiliados a la Central Obrera Bolivia, se acercará a la cifra del año pasado: 2%. El beneficio llegará a menos del 15% de los empleados en el país; el resto seguirá como cuentapropista y se mantendrá en la informalidad laboral, sin ningún beneficio de corto ni largo plazo.
Para los empleadores, el sector privado a través de la Confederación de Empresarios Privados y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), esta determinación afectará la estabilidad del sector en un período caracterizado por empresas que no terminan de recuperarse de la pandemia de coronavirus y una crisis mundial en ciernes derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Pero ¿El incremento salarial mejorar las condiciones de empleo? Las cifras muestran que no.
Un primer elemento es la informalidad laboral. En un artículo reciente, Beatriz Muriel, Directora del Instituto de Estudios Avanzados de Desarrollo (Inesad) asegura que considerando todos los indicadores de la informalidad laboral en el país, el período de bonanza previo a la pandemia no logró mejorar el empleo en Bolivia.
“Los diversos indicadores de informalidad, asociados a las diferentes definiciones, muestran que los niveles en Bolivia sobrepasan a la mayoría de los países de América Latina”, afirma.
En esta misma línea y considerando las cifras de la Encuesta de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, otro estudio del INESAD muestra que el empleo formal (donde el trabajador accede al sistema de pensiones y algún seguro de salud provisto por el empleador) se deterioró drásticamente.
En 2013, establece el estudio, los trabajadores con aguinaldo en el sector público eran el 8,1% y 10,7% en el sector privado: 18,8% en total; en 2020 la cifra cayó a 6,2% en el sector público y 7,6 % en el privado por lo que los trabajadores “formales” apenas llegaron a 13,8%.
Al otro lado de la acera los ocupados sin aguinaldo (trabajadores por cuenta propia e informales) de 2013 eran el 78,3% de la fuerza laboral según el INE; en 2020 la cifra creció a 86,2%.
Esto significa que ni siquiera 14 de cada 100 trabajadores en Bolivia están en el sector formal y por tanto, no recibirá el incremento salarial pero será afectado por los "efectos colaterales".
En este mismo período (2013-2020) la tasa de desempleo se duplicó de 4% a 8,23% y a pesar de la una ligera mejora en 2021 (5,36%) en enero pasado volvió a subir a 6,33%.
En todos estos años, el incremento salarial estuvo por encima de la tasa de inflación de la gestión pasada (en teoría, el incremento compensó el poder adquisitivo del salario); sin embargo, su efecto en la calidad del empleo y, lo más importante, en la formalización de los trabajadores, fue infructuoso.
Otro dato que muestra la calidad del empleo es que según el INE, al 1er trimestre del 2021 más de un cuarto (25,6%) de la población ocupada (la Tasa de Población Ocupada mide el porcentaje de población mayor de 14 años que se encuentra trabajando) se dedicaba al comercio y con una tasa de crecimiento del 41,4% con relación al 2 trimestre de 2020; 14% a la actividad manufacturera y cerca del 10% al transporte.
Crisis sanitaria y laboral
Los investigadores coinciden en que la pandemia deterioró drásticamente el empleo en Bolivia y que el crecimiento de la informalidad laboral no es un asunto menor.
En un reciente estudio, los investigadores del CEDLA, advirtieron que en la ´década de bonanza previa a la pandemia “las condiciones de trabajo se han deteriorado al igual que la institucionalidad y la infraestructura de la seguridad social”.
“En Bolivia la mayoría de trabajadores y trabajadoras, son parte del sector informal y están expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de protocolos mínimos de protección, como barbijos y desinfectantes. Muchos viven en condiciones de hacinamiento en barrios y comunidades, sin servicio público de agua potable o agua mejorada, además de tener su salud en riesgo y la reducida eficacia de medidas de prevención, destinadas a la población en general”.
El CEDLA Va más allá, la crisis sanitaria agravaría problemas de años en el país y se traduciría en un inevitable cierre de empresas, el crecimiento del desempleo, el deterioro social y el crecimiento de la pobreza.
