Un informe especializado de la Fundación Jubileo determinó que el 58,5% de los hogares bolivianos manifestó preocupación ante la posibilidad de que los alimentos se terminaran en sus viviendas durante el año 2024. Este indicador de inseguridad alimentaria registró un incremento sostenido en el último trienio, considerando que en 2021 se situaba en 43,7% y en 2023 alcanzó el 48,6%. De forma paralela, el análisis técnico expone que la tasa de pobreza moderada oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), fijada en 37,7% (equivalente a 4,7 millones de personas), presenta un desfase al no incorporar la inflación acumulada de la canasta alimentaria; al corregir dicho cálculo con el costo de vida real, la incidencia de la pobreza escala a un rango de entre 44% y 47%, lo que significa que entre 800.000 y 1.200.000 ciudadanos adicionales se encuentran desprotegidos y fuera de los registros estatales.
El deterioro de las condiciones de vida ha impactado directamente en la calidad nutricional de la población, provocando que el consumo de alimentos no saludables se duplicara al pasar de 21,9% a 42,8%, mientras que la falta de variedad en la dieta diaria subió de 25,6% a 41,3%. Las evaluaciones institucionales revelan que incluso los segmentos familiares que superan la línea de pobreza monetaria han recurrido a estrategias de sustitución, adquiriendo insumos más económicos y de menor valor nutricional para sostener su economía doméstica. Esta reducción en la ingesta se evidencia en que el 29,3% de los encuestados declaró haber comido menos de lo debido en 2024, en comparación con el 17,2% reportado en 2021.
La manifestación más crítica de la problemática se concentra en los niveles de inseguridad severa, donde el 13,2% de las familias admitió haber sentido hambre sin poder comer y un 7,9% experimentó privación total de alimentos durante un día entero, duplicando el 2,8% medido hace tres años. "Cerca de 1 de cada 10 familias bolivianas experimentó hambre en 2024, un dato que rebasa cualquier lectura optimista de la pobreza monetaria", puntualiza el documento. Asimismo, la supresión de comidas cotidianas como el desayuno, el almuerzo o la cena avanzó del 10,1% al 19% en el mismo periodo evaluado.
Por último, los datos del Censo de Población y Vivienda confirman que las asimetrías geográficas persisten de manera estructural en el país, mostrando que la pobreza moderada afecta al 31,4% en las áreas urbanas y se eleva al 53,3% en las zonas rurales. En cuanto a la indigencia alimentaria, el indicador registra que mientras en las ciudades afecta al 6% de la población, en el área rural golpea al 29,6% de los habitantes. Esta brecha de exclusión expone que un ciudadano residente en el campo tiene hasta cinco veces más probabilidades de caer en la pobreza extrema que uno que habita en los centros urbanos, debido a las limitaciones históricas en el acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo formal.
