domingo. 21.04.2024

La inseguridad jurídica y un daño cada vez más latente

Martín Litwak es abogado experto en fiscalidad internacional, estructuración patrimonial, fondos de inversión y WealthTech

La inestabilidad política con la que la mayoría de los países de la región están acostumbrados a lidiar
todos los días no es inocua; lleva necesariamente a una gran inseguridad jurídica. Este es el
principal motivo por el que cada vez más personas huyen con sus patrimonios hacia nuevos
destinos. Por supuesto que hay otras razones, pero esta es, sin dudas, la principal.

¿Qué es la seguridad jurídica?
Desde el punto de vista formal, la seguridad jurídica es un principio universal del derecho, que se
basa en la “certeza del derecho”. La palabra seguridad, en tanto, es de origen latín y deriva del
adjetivo secura, que significa “estar seguros de algo y libres de cuidados”.

En conclusión, la seguridad jurídica es la garantía que el Estado le da -o le debería dar- al individuo
de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y que, si esto pasara, le serían
asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.

¿Por qué hay inseguridad jurídica en Bolivia?
Si miramos la situación de Latinoamérica y, específicamente, la situación de Bolivia, podemos darnos
cuenta de que estamos ante un país que enfrenta grandes problemas de inseguridad jurídica. En los
últimos años se dieron, al menos, dos fenómenos que generaron preocupación entre los
bolivianos. ¿Y en qué concluyó esto? En la inevitable salida de activos del país.

En primer lugar, hablamos de una reforma tributaria que, entre otras cosas, incluyó un impuesto a
las grandes fortunas -un tipo de tributo que, en la mayoría de los casos, contribuye a sostener o
aumentar el gasto público-. En segundo lugar, justamente -como mencioné antes- los bolivianos
enfrentan una gran inestabilidad política, producto de los cambios de gobierno y de la condena a
prisión para Jeanine Áñez, expresidente del país.

¿Qué sucede ante este escenario?
La fuerte inestabilidad política que tiene lugar en Bolivia, sumada a una persecución a la riqueza -a la
que es difícil hacerle frente-, un aumento de impuestos sobre los patrimonios (y, de esa forma, sobre
el stock más que sobre el cashflow) da como resultado inevitable una inseguridad jurídica
preocupante y una necesidad imperiosa por planificar el patrimonio de los bolivianos.

Tal es así que, en los últimos dos años se ha visto un aumento considerable en el volumen de
consultas patrimoniales provenientes de Bolivia. Esto es algo que también se ve en banqueros. En
paralelo, existe un gran flujo desde Bolivia a Estados Unidos e inclusive hacia Uruguay.

En este contexto es imposible sorprenderse ante hechos como el cierre de uno de los bancos más
importantes de Bolivia y el aumento de la desconfianza entre los bolivianos para seguir depositando
sus ahorros en la banca.

Una vez más: la inestabilidad política genera inseguridad jurídica. Y eso ya no hace difícil prever el
futuro -que es sencillamente imposible- sino atravesar el presente. Ante esta situación, los
ciudadanos bolivianos -así como muchos otros latinoamericanos- no tienen otra opción que pensar
alternativas: cambiar de residencia o proteger sus activos con estructuras seguras, por ejemplo.

La inseguridad jurídica y un daño cada vez más latente