Entre el 1 de enero y el 18 de octubre, la Red Unitas registró 123 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia. Esto quiere decir, un ataque por cada dos días.
Uno de los casos más recientes, durante el conflicto del paro cívico en Santa Cruz, fue del periodista Mario Rocabado, atacado con piedras y palos y el robo de sus equipos de trabajo.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), ubicó a Bolivia en el puesto 16 de 22 países en su índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2021-2022. Entre las observaciones específicas, se anota una ciudadanía poco informada y sin libertad de expresarse, además de violencia e impunidad en abusos a la prensa.
En una calificación, del 1 al 100, Bolivia obtiene una puntuación de 42,7, mientras el promedio global es de 53,69. Como referencia, Canadá aparece como el país con mejor libertad de prensa y expresión con un puntaje de 80,42 y, el peor calificado, es Nicaragua con una calificación de 9.5.
Durante la 78 Asamblea de la SIP realizado en los últimos días de octubre, respecto a Bolivia, se observó que la libertad de prensa atraviesa un momento de alta fragilidad, por el asedio y la asfixia económica de parte del gobierno nacional contra los medios de comunicación independientes.
“Llama la atención la asignación de publicidad estatal a grandes plataformas digitales como YouTube, Facebook y otras redes sociales, en lugar de dirigirla a medios del país que podrían emplear los recursos en su fortalecimiento y aliviar la obligada racionalización de personal motivada por la crisis financiera que atraviesan”, aclara su informe.
El documento menciona que en septiembre, se registraron tres casos de requerimientos orientados a quebrar el secreto de fuente informativa, protegido por la Ley de Imprenta. Jueces, fiscales y abogados intentaron obligar a periodistas a revelar el origen de información sobre casos de salud pública, corrupción y el fallecimiento de una persona en una celda policial.
A nivel internacional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) registra la cifra más alta de asesinatos contra periodistas en las Américas desde 1998, y llama a los Estados de la región a promover políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia.
“Finalmente, esta Oficina reitera que no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente y nada más alentador y tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes contra periodistas”, agrega la entidad en su portal WEB.
