Durante la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva, el Gobierno anunció la modernización del Código de comercio de Bolivia como pilar de la seguridad jurídica y la modificación de la Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra el Contrabando nº1053 para reducir de 200.000 a 10.000 UFV el límite para que una mercadería identificada como contrabando reciba las sanciones correspondientes.
La inédita reunión avanzó en la identificación de problemas críticos de la economía boliviana. La coincidencia fue general: Es preciso desarrollar una política consensuada de corto, mediano y largo plazo para hacer frente a un flagelo que se hizo transversal.
El contrabando fue el tema transversal en esta Cumbre y asunto casi obligado en la mayor parte de las mesas y ponencias. En el diagnóstico, se identificó que el flagelo afecta a grandes, medianos y pequeños productores.
La primera conclusión de la Mesa de trabajo relacionada con la lucha a la importación ilícita fue, precisamente, que es necesario reducir el límite establecido en la norma que en 2018 y durante la última gestión de Evo Morales, modificó el Código Tributario de 2003 que ya establecía este límite de 10.000 UFV.
El pasado enero, el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció a Economy que en los meses siguientes se realizarían ajustes a la normativa vigente para hacer más efectiva la lucha contra el contrabando.
En agenda
La mesa de trabajo que abordó este tema fue una de las más concurridas en la jornada y de la que emanó una de las conclusiones centrales.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, anunció que el Órgano legislativo ya tiene conocimiento de este tema y que la comisión de Gobierno, Defensa y FF. AA. del Senado ya tienen en agenda el tratamiento de la propuesta para modificar esta parte de la normativa aduanera.
En abril de 2018 se aprobó la ley 1053 que, entre otros, modifica partes sustanciales del artículo 181. Así, el parágrafo I establece “Privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a UFV’s200.000 (Doscientos mil Unidades de Fomento de Vivienda) establecido en la valoración y liquidación que realice la administración tributaria”.
De igual manera, el parágrafo III del mencionado artículo determina que “Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV’s200.000 (Doscientos mil Unidades de Fomento de Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte”.
“Poder reducir de 200.000 a 10.000 UFV para que de alguna manera exista una sanción penal contra las personas y organizaciones que estarían introduciendo mercadería ilegal por ese valor”, aseguró Vargas.
En la evaluación de la Cámara Nacional de Industrias esta modificación no es menor. Las 200.000 UFV equivalen a ocho contenedores cargados de mercadería mientras que las 10.000 UFV equivalen a un camión de carga.
“El contrabando es un tumor que cada día va creciendo. Vemos con preocupación que por nuestras fronteras, el contrabando entra como a su casa”, dijo el Presidente de la CONAMyPE Agustín Mamani al término de la Cumbre.
“A diario vemos como unidades productivas se cierran, fuentes de empleo se agotan y crece el desempleo. Nos hemos vuelto un país exportador de capital humano”, agregó el principal ejecutivo de los micro y pequeños empresarios.
Seguridad jurídica
El Ministro de Justicia Iván Lima, anunció que en los próximos meses se impulsará desde el Gobierno central y como una “construcción colectiva” la modernización del Código de Comercio de Bolivia, “un decreto Ley que tiene más de 50 años de vigencia y que no incluye en su contenido sectores tan importantes como los pequeños empresarios, y que, en lugar de facilitar la economía privada, la dificulta”.
“Es esencial que haya seguridad jurídica, es esencial que el litigio en materia comercial sea transparente y rápido. Empresarios necesitan saber cuánto tiempo les va a costar cobrar una deuda en el sistema financiero y viceversa; los trabajadores tampoco deberían esperar años para cobrar sus beneficios sociales. Queremos garantizar seguridad jurídica a todos los sectores, en el marco de esta gran meta de modernización de la justicia en Bolivia”, dijo el Ministro.
“Para el sector empresarial estos anuncios no son suficientes. “son venas intenciones Esto tiene que profundizarse. "Hay que profundizar la conversación con el Gobierno y encontrar formas creativas de superar la crisis”, dijo el Presidente de la Cámara de Industrias, Ibo Blazicevic.
