Bolivia comenzó a redefinir su política de transporte aéreo con una apuesta clara por la apertura internacional. En menos de una semana, el país avanzó en la actualización de acuerdos clave con Brasil —tras más de siete décadas sin cambios— y se prepara para firmar un nuevo Memorándum de Entendimiento (MoU) con Chile, en el marco de una estrategia de cielos abiertos orientada a mejorar la conectividad y dinamizar el sector.
El punto de partida fue Brasil. Desde 1951, ambos países mantenían un acuerdo sin modificaciones, lo que reflejaba el rezago estructural del sistema aeronáutico boliviano. La firma del nuevo MoU marca un giro en esa relación, al incorporar condiciones más flexibles para la operación aérea y sentar las bases para una mayor integración regional. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto a su par brasileño de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, y el director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tiago Faierstein.
De forma paralela, el Gobierno confirmó la firma de un acuerdo similar con Chile, ampliando así el alcance de esta política. Ambas iniciativas responden a una línea estratégica impulsada por el presidente Rodrigo Paz, que busca posicionar a Bolivia como un nodo de conexión aérea en Sudamérica, tras años de limitada inserción en el tráfico internacional.
El eje central de estos acuerdos es la habilitación de la denominada quinta libertad del aire, un mecanismo que permite a aerolíneas extranjeras transportar pasajeros o carga entre dos países distintos utilizando a Bolivia como punto intermedio. En términos operativos, esto abre la posibilidad de que compañías internacionales incorporen escalas en ciudades bolivianas y comercialicen tramos adicionales dentro de sus rutas.
El impacto potencial es significativo. Una aerolínea podría, por ejemplo, aterrizar en Santa Cruz y desde allí ofrecer vuelos hacia destinos como Miami o Lima, ampliando la oferta disponible para los pasajeros locales. Esto no solo incrementa las opciones de viaje, sino que también introduce mayor competencia en el mercado, con efectos directos en la calidad del servicio y en la reducción de tarifas.
Más allá del transporte de pasajeros, la medida también tiene implicancias para el comercio exterior. Una mayor conectividad aérea facilita el movimiento de carga, reduce tiempos logísticos y puede fortalecer sectores exportadores, especialmente aquellos que dependen de envíos rápidos o de alto valor.
Sin embargo, la apertura no se limita a estos dos países. El Gobierno ya definió un cronograma que incluye negociaciones con Paraguay, Argentina y mercados europeos, en un intento por consolidar una red más amplia de acuerdos bilaterales. En paralelo, se trabaja en la adecuación de la normativa aeronáutica nacional para alinearla con estándares internacionales y garantizar condiciones operativas competitivas.
El desafío, no obstante, es estructural. Bolivia parte de una posición rezagada en términos de infraestructura, volumen de tráfico y presencia de aerolíneas internacionales. La efectividad de esta política dependerá no solo de la firma de acuerdos, sino de su implementación, de la capacidad de atraer operadores y de generar condiciones sostenibles para el crecimiento del sector.
Aun así, el giro es claro. Tras décadas de estancamiento, el país apuesta por una apertura progresiva de su espacio aéreo, con el objetivo de integrarse a las dinámicas regionales y convertir la conectividad en un eje de desarrollo económico. La clave estará en sostener el impulso y traducir los acuerdos en resultados concretos para pasajeros, empresas y mercados.
