“Hay 350.000 aves que tienen que ser trasladas a los mataderos para ser puestas en los mercados y no llegan hace cuatro días. También son más de 900 cabezas de ganado diarias que deben llegar a los frigoríficos y, por último, al sector cañero le están dando un tiro en pecho al perjudicarlos en plena zafra pudiendo ocasionar un déficit en la producción de azúcar”, dijo Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO a tiempo de pedir que el Gobierno actué de acuerdo a ley para normalizar la transitabilidad en el departamento.
Ante las marchas, bloqueos y conflictos por tierras que se viven en Santa Cruz, el sector agropecuario rechazó los avasallamientos y pidió respeto a la propiedad para poder tener una convivencia pacífica entre bolivianos.
“El Estado es quien debe garantizar que se respete la propiedad sea privada o comunitaria, y principalmente que se haga sentir todo el peso de la ley ante este tipo de avasallamientos que incluyen el uso de la fuerza y que ahora tienen una connotación más compleja, al ser actos categorizados como terroristas”, dijo el presidente de la CAO.
El representante sectorial, pidió que se haga una revisión de la función social a todas las dotaciones de tierras para distinguir quienes son las personas que necesitan tierra, quienes son los que trabajan y cuáles son aquellos que solo utilizan la tierra como una moneda de cambio para lo cual hacen avasallamientos con tomas ilegales de tierras.
De acuerdo al INRA, hay 27 predios y más de 60 comunidades afectadas por avasallamientos ilegales en el departamento de Santa Cruz. Pero en la CAO, creen que estos predios no son todos, sino que hay muchas otras propiedades tituladas que también están siendo intervenidas.
“Esta situación genera un clima de incertidumbre en todo el sector productivo. Nadie en su sano juicio va invertir para posteriormente no saber que va pasar con su predio”, dijo Justiniano.
Hasta este jueves se mantenían cinco bloqueos en la carretera a Beni, en Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón, Santa María y Cerro Grande; y un bloqueo en la ruta al norte, en Buena Vista y Montero como consecuencia de los conflictos por tierras que se viven en el departamento de Santa Cruz.
Los bloqueadores piden la modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y establece el carácter social del derecho agrario; la planificación de una nueva Ley de Tierras; el análisis de las tierras fiscales no disponibles; y la anulación de las concesiones forestales.
Las consecuencias de los bloqueos son centenares de vehículos varados, personas sin poder movilizarse y carga que no puede llegar a su destino.
“Pedimos que se cumpla la ley, primero que nada, que se liberen las carreteras para la libre transitabilidad, tenemos mucha producción que ya está perdida y hay riesgo de que esto pueda ocasionar un desabastecimiento”, indicó Justiniano.
