La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) espera que la nueva Ley de Hidrocarburos incorpore los cambios de fondo para reactivar el sector y que permitan viabilizar nuevas inversiones tanto de empresas petroleras nacionales como extranjeras.
“Esperamos que el proyecto de ley incorpore los cambios de fondo que se necesitan para reactivar al sector”, manifestó a ECONOMY el director ejecutivo de la CBHE, Enzo Michel, refiriéndose a que estas modificaciones sustanciales en la nueva normativa requiere una revisión del government take (participación estatal) , un sinceramiento del precio del mercado interno y un nuevo modelo de contrato, que permita agilizar los procesos. A esto se suma la necesidad de garantizar seguridad jurídica, es decir, reglas del juego claras y estables a mediano y largo plazo.
El sector de hidrocarburos en Bolivia, considerado históricamente el principal motor de ingresos del país, atraviesa un entorno caracterizado por una caída constante en su producción y exportación de gas natural, lo cual ha afectado en la renta petrolera, que en 2025 apenas superó los $us 1.000 millones, menos de la mitad de lo que generaba hace tres años.
“Uno de los principales problemas de la actual normativa boliviana, es el alto government take, lo que quita competitividad frente a otros países de la región, como Argentina”, sostiene el máximo ejecutivo de la CBHE. Actualmente, el government take puede llegar hasta un 90%, mientras que en la región bordea el 60%. Además, es importante tomar en cuenta el nuevo rol que está tomando Venezuela y que seguramente atraerá mayores inversiones.
Para el ente gremial, esto evidencia la urgencia de que un nuevo marco normativo cambie este esquema tributario, puesto que permitiría avanzar con nuevos proyectos, incrementar la producción de gas, y atender el mercado interno y aumentar las exportaciones, con lo cual se podrán generar mayores ingresos para el país, beneficiando a los diferentes niveles de gobierno.
Caída de la producción de gas
Enzo Michel alertó de que el país “corre el riesgo de necesitar importar gas natural en los próximos años”, ya que en los últimos años la producción de gas ha caído constantemente y sin proyectos que permitan aumentar la producción y las reservas.
Explica que esto puede tener un impacto muy fuerte en el día a día de la población, pues en la actualidad el 70% de la electricidad depende del gas natural y 5,5 millones de hogares tienen servicio de gas domiciliario
Esto demuestra la necesidad de contar con la disponibilidad permanente de gas; además, la eventual importación, derivaría en la necesidad de destinar divisas para su compra a precios internacionales.
“Esto marca la urgencia de hacer cambios de fondo en el actual marco jurídico. Sólo así se podrán viabilizar proyectos exploratorios y un posible incremento de reservas”, afirma Michel, agregando que el país tiene un gran potencial geológico, pero que los proyectos no se ejecutan porque no son económicamente viables.
La seguridad jurídica es prioritaria
Ante la consulta sobre si ¿las empresas operadoras quieren seguir invirtiendo en el país?, el directivo respondió que “el sector desea seguir invirtiendo en el país y lo ha demostrado con el trabajo realizado en los últimos años para ser más eficientes, cumplir sus compromisos contractuales y buscar alternativas para mitigar la caída de la producción”.
Agregó que la seguridad jurídica, para su sector y para todos los demás, es esencial y significa tener un marco contractual claro y que se respeten las reglas del juego en el corto, mediano y largo plazo. “Esto es esencial en hidrocarburos, donde los proyectos demandan varios años para su ejecución y altas inversiones, pero que también tienen un impacto multiplicador en toda la cadena”, sostuvo.
