La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan preocupación por los actos de violencia durante las protestas por el censo de población y vivienda en Santa Cruz. Llaman al Estado a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica según los estándares interamericanos; a fortalecer procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones.
"La CIDH y su RELE rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Se hace un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal", indica el comunicado del órgano que protege los derechos humanos y depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las protestas ciudadanas, que derivaron en un paro cívico, iniciaron el 21 de octubre pasado por inconformidad de algunos sectores sociales con el Decreto del Organismo Ejecutivo, que aplazó la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024. Originalmente dicho censo estaba previsto para 2022. En este contexto, se han reportado situaciones de conflictividad, especialmente, en puntos de bloqueo.
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Se han registrado múltiples enfrentamientos entre sectores que apoyan el paro y quienes lo rechazan, lo que ha resultado en personas heridas y una fallecida. El 2 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó sobre enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales en el municipio de La Guardia. Según información disponible, en dicho lugar se reportaron detenciones de al menos 8 personas, ahora investigadas por delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.
Por otro lado, la Defensoría manifestó su preocupación ante expresiones discriminatorias y amenazas de desalojo contra el pueblo ayoreo, en el municipio de Concepción. Además, se han registrado agresiones y discursos estigmatizantes contra periodistas.
"Asimismo, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, se recuerda que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos. Es deber del Estado garantizar que las personas periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y libertad de expresión", señala el comunicado.
Además, recuerda al Estado que debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones. Asimismo, que los estándares interamericanos le exigen actuar sobre la base de la licitud de las protestas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica. "El hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve per se, violenta o ilegítima una protesta ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas", sostiene la CIDH y su RELE.