sábado. 18.07.2026
EXIGEN SOLUCIONES AL GOBIERNO

A cinco días del vencimiento de registros agrícolas, la campaña de verano está en riesgo, advierten productores

A cinco días del vencimiento de más de 1.600 registros agrícolas por la Decisión 804 de la CAN, representantes de Anapo, APIA, CAO y la Fepsc exigen al Senasag una norma transitoria que garantice el abastecimiento de agroquímicos esenciales. También reclaman soluciones estructurales frente al diésel, la escasez de dólares y el retraso en biotecnología.

FEPSC-02
Voceros de las distintas instituciones ligadas al agro en el país hicieron un llamado urgente al Estado para evitar un colapso en la cadena de suministro agrícola.

El sector agroproductivo boliviano vive una tensión creciente mientras se acerca el 25 de junio, fecha límite para la adecuación de registros de insumos agrícolas bajo la Decisión 804 de la Comunidad Andina (CAN). Si no se emite una norma transitoria por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), más de mil productos utilizados en la protección de cultivos podrían quedar fuera de comercialización e importación, afectando de forma directa la campaña agrícola de verano, la más relevante del calendario productivo.

En conferencia de prensa organizada por la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), voceros de las principales instituciones del agro boliviano, como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), hicieron un llamado urgente al Estado para evitar un colapso en la cadena de suministro agrícola.

Mario Justiniano, presidente de la Fepsc, explicó que las advertencias no son nuevas y que el sector ha planteado de forma reiterada la necesidad de medidas oportunas. “Esta es una preocupación compartida. Hoy no solo hablamos de números, sino del riesgo directo para la producción nacional de alimentos y para el bienestar de las familias bolivianas”, subrayó.

Por su parte, Martín Azcarrunz, presidente de APIA, detalló que, desde 2018, cuando Bolivia decidió alinearse a la normativa andina, las empresas proveedoras de agroquímicos han presentado más de 1.600 solicitudes de adecuación de registros, pero solo se aprobaron 350. “Esto representa una caída alarmante en la tasa de aprobación: de más de 460 registros por año, hoy apenas se tramitan 50 o menos”, afirmó. Advirtió que, si el Senasag no emite una disposición general que prorrogue la vigencia de los registros en trámite, el abastecimiento se cortará justo cuando se necesita importar para la siembra de verano.

Según cifras compartidas por APIA, la importación de insumos agrícolas cayó un 30% en solo dos años. En valor FOB (Free On Board), las compras externas pasaron de $us 442 millones en 2022 a solo $us 310 millones en 2024, lo que refleja no solo trabas normativas, sino también restricciones logísticas, arancelarias y cambiarias.

“Esta caída no es fortuita, responde a un entorno adverso donde cada paso para abastecer el agro se ha vuelto más complejo y costoso”, remarcó Azcarrunz.

Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO
Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO

Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO, señaló que los efectos ya se sienten en el campo. “Los productores están sembrando con incertidumbre, sin saber si podrán completar su campaña. Si no hay insumos autorizados, simplemente no habrá qué aplicar ante una plaga, y eso pone en riesgo toda la cosecha”, explicó.

Añadió que esta situación es consecuencia de una “falta de visión productiva del Estado”, que se refleja también en la falta de acceso regular a diésel, la escasez de divisas y el freno al ingreso de nuevas tecnologías como la biotecnología agrícola.

En esa misma línea, el gerente de Anapo, Jaime Hernández, reiteró la urgencia de garantizar condiciones básicas para producir. “No pedimos privilegios, sino reglas claras. Sin acceso a diésel oportuno, sin biotecnología y sin insumos clave, el productor no puede competir ni garantizar alimentos para la población”, afirmó.

Jaime Hernández, gerente general de Anapo
Jaime Hernández, gerente general de Anapo

También reclamó que se habilite el uso del diésel ULS (ultra bajo en azufre) para medianos y grandes productores, que en muchos casos ya cuentan con maquinaria compatible con ese combustible más limpio y eficiente.

El 1er presidente de APIA, Guillermo Moscoso, alertó que el impacto de esta situación no se limita al agro: “Hablamos de alimentos, de inflación, de empleo rural. Si no se actúa ahora, Bolivia perderá productividad, divisas y soberanía alimentaria. El Estado debe reaccionar ya, no dentro de un mes”, enfatizó. Además, recordó que la cadena de importación de agroinsumos requiere una planificación mínima de 120 días, lo que implica que cualquier retraso actual compromete la campaña de fin de año.

Foro Agropecuario 2025

Los representantes empresariales coincidieron en que este es el momento clave para tomar decisiones técnicas y no políticas. Por ello, saludaron la convocatoria al Foro Agropecuario que organiza la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) la próxima semana, al que asistirán los candidatos a la presidencia del país. “Esperamos propuestas reales. El agro ya no puede vivir de discursos, necesita certidumbre, planificación y políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible”, concluyó Mario Justiniano.

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