La Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió que el proyecto de ley será tratado sin haber sido consensuado con los sectores directamente regulados, y sin considerar la Ley N° 775 de Promoción de Alimentación Saludable vigente, construida en base a un proceso concertado entre el Estado y el sector productivo, y que cuenta con un Decreto Reglamentario pendiente desde 2019.
Según la CNI, la propuesta legislativa desestima observaciones técnicas realizadas por esta institución y por otros entes gremiales, lo cual derivaría en una serie de consecuencias negativas. “La implementación del nuevo etiquetado generará costos adicionales que terminarán trasladándose al consumidor final, incrementando la inflación y afectando la economía y el empleo formal”, señala el pronunciamiento.
En ese contexto, el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, enfatizó que “estamos a favor de una alimentación saludable y de brindar información clara al consumidor, pero toda norma debe ser construida de forma participativa y técnica. No podemos permitir que decisiones unilaterales comprometan la estabilidad de la industria y el bienestar de millones de bolivianos.”
La CNI remarca la necesidad de establecer un etiquetado basado en un perfil nutricional claro y accesible, que permita a los consumidores tomar decisiones informadas, y al mismo tiempo, preservar el principio de seguridad jurídica para las empresas.
En esa línea, la institución sugiere a las autoridades retomar la última versión del reglamento de la Ley 775, postergar el tratamiento del PL 054-24 CS y encarar un proceso de concertación que siga ejemplos exitosos de países como Brasil, Chile y Paraguay, donde el trabajo conjunto entre gobierno e industria ha dado buenos resultados.
Asimismo, la CNI manifiesta su total disposición a colaborar en la elaboración de normas racionales, efectivas y eficaces, que incluyan la participación del sector productivo desde su formulación.
Similar posición ha sido expresada en pronunciamientos emitidos por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), así como la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB), la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, quienes también han advertido sobre las implicancias de esta normativa para los consumidores y la economía nacional.
