La segunda vuelta electoral en Bolivia no solo definirá al próximo presidente, también pondrá en juego los modelos económicos que cada candidato propone para enfrentar una de las coyunturas más críticas de los últimos años: escasez de combustibles, caída de reservas internacionales, déficit fiscal e inflación que golpea el bolsillo de los hogares.
Ramiro Cavero, jefe del equipo económico de la alianza Libre, adelantó que, de llegar al poder, la prioridad será asegurar el abastecimiento de combustibles con la llegada de $us 1.000 millones en la primera semana de gestión. Los recursos —provenientes del FMI, CAF, BID y FLAR— permitirían normalizar el suministro por al menos cuatro meses y eliminar las largas filas en surtidores.
De acuerdo con Erbol, el plan incluye mantener una subvención diferenciada: transporte público subsidiado bajo control de chips en motorizados, mientras que los privados pagarían precios internacionales para evitar contrabando. Cavero también propuso autorizar la importación de combustibles por parte de privados y ratificó la continuidad del subsidio a la harina para asegurar el pan de batalla, aunque con un sistema de distribución más transparente. Asimismo, adelantó un ajuste al gasto público, al que atribuye presiones inflacionarias que encarecen productos básicos.
Por su parte, José Gabriel Espinoza, economista y asesor del Partido Demócrata Cristiano (PDC), advirtió que el próximo gobierno deberá encarar primero la estabilización macroeconómica antes de prometer incrementos significativos en transferencias sociales como la Renta Dignidad, cuyo aumento a Bs 2.000 calificó de inviable en el corto plazo.
Espinoza subrayó que Bolivia produce solo el 5% del diésel que consume, por lo que la actual política de subvención es insostenible y alimenta el contrabando. Planteó la necesidad de levantar progresivamente la subvención al diésel y gasolina, acompañada de programas de protección focalizada para sectores vulnerables.
En el corto plazo, su equipo prevé estabilizar las cuentas fiscales —con un déficit que supera el 10% del PIB y se financia en 80% con emisión monetaria— y reconstruir las reservas internacionales del Banco Central, debilitadas por el uso recurrente de divisas para cubrir el déficit. “Si no se controla la inflación, no habrá incremento de rentas que alcance para cubrir la pérdida de poder adquisitivo”, afirmó.
Ambas propuestas coinciden en que el suministro de combustibles y la gestión de la subvención serán los primeros desafíos de la próxima administración. Sin embargo, difieren en la estrategia: mientras Libre apuesta por financiamiento externo inmediato y control tecnológico para mantener la subvención parcial, el PDC plantea reducirla gradualmente y recomponer las bases macroeconómicas para evitar una crisis mayor.
