En ese encuentro donde participaron el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el alcalde Jhonny Fernández, el cívico cruceño Rómulo Calvo, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, entre otras autoridades se ratificó el estado de emergencia por la decisión de aplazar el proceso censal que debía realizarse el 16 de noviembre de este año.
“En caso de que las autoridades nacionales no respondan en el plazo de cinco días hábiles enviando al Ministerio de Planificación y técnicos del INE para reunirse con la Comisión técnica Interinstitucional y atender estas demandas se convoca a un paro general a nivel departamental desde el lunes 25 de julio del 2022”, señala parte de uno de los puntos leídos por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.
En otro punto se ratificó que la Brigada Parlamentaria cruceña deba iniciar las “acciones legales que correspondan” contra las autoridades “responsables de este atropello” a la población boliviana por haber aprobado la postergación del Censo.
En ese encuentro se afirmó que el Decreto Supremo 4760, que establece la reprogramación del Censo para 2024, “no tiene ningún fundamento técnico que lo justifique”.
Se exigió modificar la Ley de Autonomías para que se pueda incorporar en el Consejo Nacional de Autonomías a los rectores de las universidades públicas y realizar un censo departamental desde la Gobernación de Santa Cruz para conocer las “necesidades” de los habitantes del departamento.
Además se exigió que en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales y que presenten oficialmente al Instituto Nacional de Estadística (INE).
