La Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación por $us 504,5 millones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Bolivia LTD.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, destacó la aprobación de los contratos, porque son importantes para incrementar las reservas de hidrocarburos.
“Contemplan la ejecución de actividades de exploración y explotación y el factor de riesgo está por encima del promedio nacional y regional (20%)”, explicó durante su intervención en el hemiciclo parlamentario, cita un boletín institucional.
El primer contrato se refiere al área Sayurenda, departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023. Prevé una inversión $us 57,4 millones; 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables y 2,8 millones de barriles (MMBBL); y $us 162,3 millones de renta petrolera.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Caraidanti, ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, y fue firmado el 20 de enero de 2023, donde Vintage ejecutará $us 194 millones de inversión; proyecta 163,1 BCF y 10,9 MMBBL en recursos recuperables, además de una renta petrolera $us 650,9 millones.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, también en el departamento de Tarija, suscrito en fecha 20 de enero de 2023, donde se prevé una inversión de $us 252 millones; 171,3 BCF y 12,80 MMBBL de recursos recuperables. Asimismo, se calcula una renta petrolera $us 701,1 millones.
Estos contratos viabilizarán inversiones para las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación), en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.
Las inversiones en las actividades de exploración y explotación a realizar por la empresa operadora Vintage alcanzarían los $us 504 millones y el Estado podría obtener ingresos de al menos $us 1.500 millones, recursos que serán distribuidos entre el gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades a través de regalías e impuestos para mejorar la calidad de vida de la población, según datos oficiales.
