Estados Unidos (EEUU) intensificó su política migratoria tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, con la revocación de más de 100.000 visas en el primer año de su nueva administración, una cifra sin precedentes, según datos oficiales del gobierno estadounidense.
De acuerdo con el Departamento de Estado, miles de estas visas fueron anuladas por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducción bajo los efectos del alcohol. La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada —según Washington— a reforzar la seguridad interna y el control fronterizo.
“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al justificar el endurecimiento de las decisiones migratorias.
Las cifras muestran un giro significativo respecto a la gestión anterior. Desde la segunda investidura de Trump, el 20 de enero de 2025, el número de visas revocadas es dos veces y media mayor al registrado en 2024, cuando el país era gobernado por el demócrata Joe Biden.
El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó además la cancelación de visas a estudiantes que participaron en protestas contra Israel. Para ello, el gobierno recurrió a una normativa heredada de la era McCarthy, que autoriza a Estados Unidos a negar el ingreso o permanencia a extranjeros considerados contrarios a su política exterior. No obstante, algunos de los casos más visibles lograron frenar las órdenes de deportación mediante recursos judiciales.
Según el propio Departamento de Estado, cerca de 8.000 visas revocadas correspondieron a estudiantes. Paralelamente, la administración Trump endureció los requisitos para la obtención de visas, incorporando la revisión de publicaciones en redes sociales como parte del proceso de evaluación.
Estas acciones se inscriben en una campaña más amplia de deportaciones masivas impulsada por el Ejecutivo, que incluyó un incremento significativo del número de agentes federales dedicados a tareas migratorias. En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 605.000 personas fueron deportadas en los últimos meses, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de forma voluntaria.
