Las alcaldías y gobernaciones tienen la posibilidad de acceder al Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que cuenta con Bs. 2.000 millones para la otorgación de créditos, a fin de garantizar la ejecución de obras.
Mediante la promulgación de Ley N° 1389 y su debida reglamentación aprobada este jueves mediante el DS 4575, se autoriza la constitución del Fideicomiso, destinado a financiar proyectos de inversión pública de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s).
“Ya no hay pretexto alguno, para que Gobernadores y Alcaldes digan que no tienen recursos económicos”, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, al mencionar que los gobiernos subnacionales solo tienen que tramitar los fondos para acceder al mismo.
Según la normativa, el fideicomitente es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el administrador es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los beneficiarios son las gobernaciones, los gobiernos municipales y los gobiernos autónomos indígena originario campesinos.
“En lo que concierne al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, vamos a atacar de manera frontal, todas aquellas obras que tengan que ver con las vías camineras”, señaló, al referirse a las contrapartes pendientes en proyectos carreteros.
En esa línea, detalló las deudas que tienen algunos gobiernos departamentales, el caso de Beni, que tiene una deuda por contraparte de más Bs 183 millones. Mientras que la Gobernación de Santa Cruz, tiene una deuda de más de Bs 50 millones. Al igual que Chuquisaca con Bs 34 millones y Pando, más de Bs 36 millones adeudados.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó que este fideicomiso reforzará la inversión pública y dinamizará la economía regional.
"En ese sentido, es un elemento muy importante este fideicomiso para que la inversión pública regional y nacional tenga un impacto en el empleo, un efecto multiplicador, como se denomina en materia económica", remarcó.
Enfatizó que nadie puede obligar a una gobernación, ni a un municipio, a prestarse recursos de ese fondo; sin embargo, con ese recurso “potencialmente” se puede generar entre 40.000 y 50.000 empleos directos e indirectos, dependiendo de la dinámica regional.
