La Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió un comunicado alertando que el Proyecto de Ley 283 de Procedimiento especial para la restitución de Derechos Laborales, que fue aprobada por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, se constituye en un serio riesgo para la estabilidad del empleo en el país.
“Advertimos que la aprobación de este proyecto sólo aumenta el riesgo en el que se encuentran los empleos formales que genera el sector industrial que ya están amenazados por el aumento del contrabando en el país, además de sentar un precedente negativo para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras”, indica el comunicado de los empresarios.
La normativa fue elaborada por el Ministerio de Trabajo y presentada a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. La noche del 7 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la norma y la envió a la Cámara de Senadores. Ahora que ya tiene la aprobación de las dos cámaras, la ley espera ser promulgada por el presidente del Estado, Luis Arce, para que entre en vigencia.
Los industriales alegaron que los empleadores fueron excluidos del debate de la norma y las observaciones que enviaron no fueron tomadas en cuenta.
“Consideramos que La Ley General del Trabajo y su reglamentación establecen el marco normativo necesario para garantizar la estabilidad laboral por lo que el proyecto que sancionó la Cámara de Senadores socava la relación entre empleadores y trabajadores, debilita la estabilidad laboral y deja en indefensión a una de las partes en el proceso de generación de empleo”, resalta la posición de la CNI.
Esta norma establece una vía administrativa corta y directa para que los trabajadores con despidos injustificados puedan ser restablecidos, en un plazo máximo de 39 días, en sus fuentes laborales.
Con este instrumento legal, el trabajador podrá presentar una denuncia verbal o escrita en el Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de 30 a partir de su desafectación laboral. Una vez presentada la denuncia, el Inspector de Trabajo emitirá una citación en 5 días hábiles para instalar una audiencia en 10 días, luego de notificación. Posterior a la audiencia, el Inspector deberá elevar un informe en 4 días al jefe Departamental o Regional de Trabajo recomendando la restitución o rechazo de la denuncia. Esta última instancia tendrá que emitir, en un plazo no mayor a 10 días, una resolución que las partes tendrán que cumplir en 10 días.
La ley advierte en el parágrafo I, de la disposición final primera, que los trabajadores que hayan hecho efectivo el cobro de beneficios sociales no podrán solicitar su reincorporación en la vía administrativa.
