Para el sector industrial la recuperación de la economía boliviana sería afectada negativamente por un incremento salarial que tendría un efecto negativo en el crecimiento del sector productivo, un aumento de la tasa inflación, la tasa de desempleo y el consumo de productos de contrabando, además de un mayor gasto para el Tesoro General de la Nación lo que se traduciría en un aumento del déficit fiscal y la inevitable insolvencia y quiebra de muchas empresas.
Por este motivo, el sector responsable de más del 11% del empleo en el país, solicitó que el tema sea abordado en un diálogo tripartito (Gobierno, trabajadores y empresarios), y que se encamine a la elaboración de una política laboral de largo plazo para una recuperación económica sostenida.
“Nuestra propuesta es de racionalidad económica y hay un factor que es la economía mundial; no podemos arriesgar la continuidad de la operación de nuestras industrias. No es una posición anual de decir no podemos, desafortunadamente el mundo ya no es el mismo que conocíamos antes de 2019“, dio el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.
Economía de crisis
Con relación al crecimiento del PIB, la economía aún no logra recuperar el crecimiento del periodo previo a la pandemia que en 2020 dejó un -8,83% y que provocó que la industria decrezca en -8,35%.
“El incremento salarial frenará la recuperación económica que es anhelo del Gobierno y los industriales”, explicaron los industriales que consideran que recién en 2023 la economía recuperará el PIB que registró antes de la crisis sanitaria.
Las industrias regionales fueron afectadas de diferente forma y, la mayoría, más allá de la cifra nacional; Chuquisaca registró una caída del PIB industrial del -21,84%, Pando -19,05%, Oruro -15,81%, La Paz -14,72%, Tarija -13,45%, Cochabamba -8,67%, Beni -7,49% y Santa Cruz -2,05%.
“Muchas empresas en las regiones están con una escasa y casi nula capacidad para enfrentar un incremento salarial”, aseguró Hugo Siles, asesor de la CNI.
Para los industriales, en los dos años de pandemia (2020 y 2021) el salario real mantuvo su capacidad de compra porque la inflación llegó a 0,67% y 0,9%, respectivamente; además, desde 2010 el incremento al Salario Mínimo Nacional estuvo por encima de la tasa de inflación. Por ejemplo, en 2010, el año de la tasa de inflación más alta del período (7,18%), el incremento fue de 20%.
Empleo de mala calidad y desempleo
Un tema revelador es que en estos años de incremento salarial, el empleo formal no mejoró; al contrario, experimentó un deterioro sustancial. Según el INESAD y tomando como fuente la Encuesta de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2013, las personas que ocupadas pero que no percibían un aguinaldo, es decir los trabajadores fuera del sector formal, representaban el 78,3% de la fuerza laboral; en 2020 la cifra escaló a 86,2%.
En 2013, los trabajadores con aguinaldo en el sector público eran el 8,1% y 10,7% en el sector privado; en 2020 la cifra cayó a 6,2% en el sector público y 7,6 en el privado.
“La población ocupada formal es cada vez más pequeña; los incrementos salariales están promoviendo el empleo informal sin seguridad de corto y largo plazo; este es un efecto del encarecimiento de la mano de obra en el país”, argumentó Siles.
Uno de los temas más críticos en el análisis del impacto de un incremento salarial es el desempleo. Las cifras muestran que producto de la pandemia 400.000 empleos fueron destruidos en el país de los cuales 70.000 estaban en el sector industrial.
Esto se reflejó en la tasa de desempleo de 2020 llegó a 8,2%, en 2021 a 5,36% y a enero de este año escaló a 6.33 lo que muestra que a pesar de los esfuerzos por reactivar la economía, la tasa de desempleo sigue creciendo y se ubica por encima de los años anteriores a la pandemia.
“Un incremento salarial no va a permitir recuperar los niveles de empleo y en todo caso, va a deteriorar los niveles de empleo que se han generado después de la pandemia”, dijo Siles.
Contrabando
En la visión del sector industrial, el contrabando, uno de los males más serios para la economía boliviana, será beneficiado por el aumento salarial. Este fenómeno es alentado por la devaluación de las monedas de los países vecinos y en la estimación de la CNI, pasó de $us 1.000 millones en 1999 a $us 3.000 millones en 2021.
”Los incrementos salariales fomentan el contrabando que crece al doble de la economía y destruye el empleo formal”, dijo el experto de la CNI.
Cierre de empresas
Un resultado de la pandemia fue la crisis mundial de suministros que interrumpió la cadena de internacional de suministros provocando la llamada "crisis de los contenedores"; la guerra entre Rusia y Ucrania agravó esta situación afectando el desempeño de las empresas.
En 2021, 5.542 unidades económicas cerraron y de esta cifra, 462 fueron industrias manufactureras. Esto equivale, explicaron en la CNI, al cierre de 15,4 empresas por día y 1,3 industrias a diario. “Un incremento salarial va a engrosar estas cifras”.
Otro argumento de la CNI es que el incremento salarial disminuye la competitividad empresarial. Tomando en cuenta las cifras de los Institutos de Estadísticas y los Bancos Centrales de 10 países de Sudamérica, Bolivia registra uno de los salarios más altos de la región pero, según el BID, se ubica en último lugar en competitividad. “Somos los quintos más costosos y los últimos en generar productividad”.
Costo fiscal
Con relación al impacto en las arcas estatales, el aumento de cada punto de incremento salarial equivale a $us 55 millones gasto que se reflejaría en que el déficit fiscal suba de 8,5% a 9% este año.
Según los industriales cada punto porcentual de incremento equivale en realidad a 1,3% debido a que esto se extiende a bonos, dominicales, horas extras y otros.
Atender este punto de incremento, dijeron los industriales, equivales a dejar de contar recursos para construir y equipar un hospital de tercer nivel y 55 escuelas.
