Bolivia aún enfrenta dos arbitrajes sobre inversiones, tres demandas de índole comercial donde están en juego al menos 515.317.955 dólares que el Estado deberá erogar en caso de pérdida en tribunales internacionales.
Hace unos días, la Procuraduría General del Estado, informó que el laudo iniciado por la Compañía Minera Orlandini salió a favor del país.
Las demandas en los centros de arbitraje internacionales tienen que ver con procesos de nacionalización, expropiación, incumplimiento a tratados de inversión, entre otros iniciados en su mayor parte en la gestión del expresidente Evo Morales.
El Procurador General del Estado, César Siles Bazán, informó el pasado viernes la confirmación de laudo a favor del Estado boliviano en un proceso internacional de arbitraje iniciado por la Compañía Minera Orlandini Ltda.
La empresa había presentado una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en París, Francia, alegando medidas de presunta expropiación de sus concesiones mineras por parte de Bolivia.
El Laudo Arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la CPA para resolver el Caso CPA 2018-39, establece que se desestiman (rechazan) los reclamos de los demandantes concluyéndose que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones suscrito con los Estados Unidos de América. Además, se ordena al Estado pagar solamente los costos administrativos del servicio de arbitraje.
Esta decisión fue oficialmente comunicada a ambas partes el 2 de noviembre. Siguiendo el procedimiento y en cumplimiento del principio de reserva, el contenido completo del laudo arbitral (que no difiere de la decisión de fondo) será compartido con las partes en un momento posterior. El Caso CPA 2018-39 fue notificado al Estado boliviano el 5 de febrero de 2018.
Como antecedente el pasado 9 de septiembre se conoció la notificación al Estado de un laudo arbitral emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que obliga el pago de 253,5 millones de dólares a la empresa Glencore Internacional por la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri,
La demanda inicial presentada en 2017 era por un monto de 675,5 millones de dólares, pero la empresa solicitó luego 778 millones de dólares, según informó entonces el procurador Siles.
El sábado 16 de julio de 2022 se conoció el fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Bolivia a indemnizar con 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) -dueño de la AFP Previsión. La causa fue el “retraso injustificado” del proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
A objeto de anular el Laudo y evitar el pago, el 11/10/2022, se presentó la Demanda de Anulación del Laudo ante el Tribunal de Apelación de La Haya en el Reino de los Países Bajos, a la fecha se encuentra en trámite.
Casos pendientes
Según información de la Procuraduría General del Estado están pendientes de resolución como arbitrajes en materia de inversiones dos demandas.
1) Es el caso del arbitraje activado por Zurich que administraba la AFP Futuro de Bolivia, en la Corte Permanente de Arbitraje en virtud al cambio de administración del Sistema Integral de Pensiones, de acuerdo al marco constitucional y la promulgación de la Ley N° 65 de Pensiones del año 2010.
La compañía reclama un monto de 129.100.000 dólares. Según la Procuraduría, se tenía previsto llevar a cabo la audiencia de fondo en octubre y se espera la emisión del laudo arbitral en la gestión 2024.
2) La otra demanda es el arbitraje activado en virtud a la recuperación del 33.34% de las acciones que fueron transferidas de SOBOCE, en Fancesa en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en virtud del Decreto Supremo 616 de 2010. El caso se encuentra en la Corte Permanente de Arbitraje.
Se pretende como compensación la suma de 269.400.000 dólares. Los accionistas demandantes son el grupo peruano Consorcio Cementero del Sur S.A., y las empresas bolivianas Yura Inversiones Bolivia S.A., Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. y Sociedad Boliviana de Cemento S.A.
Procesos arbitrales en materia comercial
1) Se encuentra pendiente de resolución el arbitraje activado por supuesto incumplimiento al Contrato de Riesgo Compartido suscrito el 18/07/2007 entre Jindal Steel Bolivia S.A. y la Empresa Siderúrgica del Mutún para la exploración, explotación minera, concentración, peletización, reducción directa, aceración, industrialización y comercialización de productos metalúrgicos y siderúrgicos obtenidos de minerales de hierro del yacimiento del Mutún.
La demanda fue interpuesta en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
De acuerdo con la Procuraduría, la demandante exige el reembolso de la boleta de garantía por 18.000.000 dólares y el pago por daños, perjuicios e intereses, monto que asciende a la suma de 66.515.887 dólares.
2) Otro caso pendiente es el arbitraje interpuesto por Shell Bolivia contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la Cámara de Comercio Internacional y que fue activado en razón a supuestos incumplimientos del Contrato de Operaciones y acuerdos suscritos. La cuantía que se pretende es de 13.899.272 dólares incluido los intereses.
La audiencia de Jurisdicción estaba prevista para agosto de la presente gestión y se espera que el laudo arbitral sea dictado el último trimestre de 2023.
3) También está pendiente el caso COPASA contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la Cámara de Comercio Internacional. El arbitraje fue activado por la presunta resolución anticipada de Contrato de Obra suscrito entre la ABC y COPASA, por el supuesto incumplimiento de la empresa española.
La cuantía que se pretende es de 18.401.896 dólares y según la Procuraduría el tribunal aprobó la orden procesal Nro. 2 que adjunta el calendario procesal. Se esperaba recibir la demanda el mes de septiembre de la presente gestión y la entidad deberá responder en el mes de diciembre.
Ahorro
En un informe oral ante la Cámara de Senadores en junio, el exprocurador, Wilfredo Chávez, detalló que sólo en tres arbitrajes iniciados por inversionistas ante el CIADI, el Estado ahorró 2.234.530.737 dólares.
Se trata de los arbitrajes interpuestos por Eti Eurotelecom por Entel. Pan American Energy LLC por la nacionalización de la empresa petrolera Chaco, y el caso Quiborax.
“En total, la disputa en el CIADI, ha sumado 2.734.230.287 dólares, hemos pagado 499.700.090 dólares, es decir, el 18,28% de lo que originalmente pretendían las trasnacionales por la nacionalización. El monto ahorrado ha sido de 2.234.530.737 dólares, es decir, el ahorro ha sido del 81,72%”, detalló, según ABI.
