El presidente Rodrigo Paz, oficializó la creación del Consejo Económico Social en el campo ferial Chuquiago Marka, escenario donde colocó el impacto financiero en el centro del debate nacional. Durante su intervención, el jefe de Estado informó que los 25 días de bloqueos indefinidos de carreteras han generado una pérdida económica de cerca de $us 600 millones, situación que calificó como un golpe severo al aparato productivo y al suministro de provisiones esenciales. Ante esta coyuntura, Paz lanzó un ultimátum a los sectores movilizados, advirtiendo el uso de facultades legales si persisten las medidas de presión.
El gobernante detalló que el cerco vial provoca una grave distorsión de precios que asfixia a los sectores populares de la sede de gobierno, debido a que los alimentos que no pueden ingresar se desvían hacia otras regiones, generando una sobreoferta con costos bajos en el resto del país a costa del sacrificio local.
“Miren, hoy día el pollo, la carne, la medicina en La Paz y en El Alto está caro y en el resto del país está barato por culpa de unos cuantos (...) La Paz y El Alto con su sacrificio en estos bloqueos le está haciendo la vida más barata a otras ciudades”, denunció Paz.
Frente a las consignas de las movilizaciones, el presidente rechazó que su administración esté impulsando la entrega de bienes estratégicos o servicios públicos a capitales transnacionales, ratificando la vigencia de la propiedad agraria y el respeto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).
“No hemos privatizado nada, no hemos entregado nada a ningún extranjero. Vuelvo a decir, la tierra sigue siendo del mismo propietario, respetamos a las TCOs (...) Pero porque no te gusta el gobierno, lo que no puedes es hacerle daño a otra gente”, remarcó.
Paz conectó la afectación financiera con las amenazas de destrucción de infraestructura, denunciando la existencia de instructivas por parte de sectores radicales dirigidos a destruir la propiedad estatal y amedrentar a miembros de su gabinete y a trabajadores de la prensa.
“Acaba de salir un anuncio de algunas organizaciones que a partir de mañana jueves van a empezar a quemar edificios públicos (...) Policía Boliviana y Fuerzas Armadas nacionales, siéntanse que el país necesita orden y esto está llegando al límite (...) Yo tengo instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba”, aseveró.
Ante el desabastecimiento provocado por el conflicto caminero, que mantiene inmovilizadas a 433 cisternas con oxígeno, carburantes y provisiones esenciales, el jefe de Estado reiteró la invitación inmediata para recibir a las dirigencias del sector de la Túpac Katari y de la Central Obrera Boliviana (COB) para dar respuesta a sus pliegos petitorios. Exigió que los encuentros sean transmitidos de forma abierta por los medios de comunicación y rechazó la posibilidad de sostener reuniones reservadas.
En el ámbito de la gestión de las finanzas estatales, el primer mandatario detalló los programas de pavimentación con losetas e iluminación urbana planificados para El Alto, y expuso un balance sobre la disminución de los ingresos estatales por la exportación de gas natural, planteando la transición hacia un modelo de inversión minera descentralizada que incorpore a los sectores cooperativistas y asalariados como el nuevo motor productivo para sustituir la caída de las rentas hidrocarburíferas.
Tras la finalización del discurso presidencial, el Consejo Económico Social instaló sus mesas técnicas de trabajo en el campo ferial.
