sábado. 18.07.2026

El PDC propone romper con el modelo económico del MAS: austeridad, descentralización y apertura al sector privado

El Partido Demócrata Cristiano plantea un nuevo modelo económico “50/50”, que, apuesta por la descentralización fiscal, la reducción del gasto público y la apertura al sector privado, rompiendo con el esquema centralista y estatal aplicado por el MAS desde 2006.

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En las elecciones del 17 de agosto, Rodrigo Paz Pereira sorprendió al ubicarse primero con el 31,7% de los votos válidos, seguido por Jorge Quiroga (27,1%)

El plan económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por el binomio Rodrigo Paz y Edman Lara, busca romper con el modelo estatista y centralista implementado por el MAS desde 2006, basado en el control político del aparato económico, la expansión del gasto y la dependencia de los ingresos por hidrocarburos. La propuesta del PDC prioriza la austeridad, la transparencia, la digitalización y la participación del sector privado, apostando por una economía descentralizada, con gobiernos subnacionales que asuman un papel protagónico en la inversión y el desarrollo regional.

El eje central de su Programa de Gobierno y de su visión de “capitalismo para todos”, es la creación de un modelo económico 50/50, que busca redistribuir equitativamente los recursos fiscales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, con el objetivo de impulsar un desarrollo más equilibrado y reducir la dependencia de La Paz como centro de decisión y gasto. Actualmente, el nivel central controla más del 80% del Presupuesto General del Estado.

“Este modelo busca estabilidad económica, precios bajos y reglas claras para producir, con combustible asegurado, crédito productivo y un Estado facilitador, no un Estado tranca”, manifestó Rodrigo Paz.

Fin del gasto expansivo y control del déficit

El PDC plantea una racionalización del gasto público y una regla fiscal de “déficit cero”, en contraposición al modelo del MAS, que ha mantenido doce años consecutivos de déficit fiscal, con un promedio superior al 7% del PIB desde 2014. El nuevo gobierno congelaría las contrataciones en el nivel central y suspendería las operaciones de empresas públicas con déficits operativos, una medida que implicaría revisar el funcionamiento de más de 60 empresas estatales creadas en los últimos 17 años.
Los recursos ahorrados serían reasignados a gobiernos departamentales y municipales, fortaleciendo su capacidad de inversión. El plan también propone la digitalización total de las compras estatales mediante un sistema transparente y descentralizado con uso de tecnología blockchain, para eliminar la discrecionalidad y la corrupción en la contratación pública. Esta blockchain sería de acceso público para que cada boliviano tenga acceso y pueda fiscalizar apropiadamente los principales rubros de gastos del estado. Parte del objetivo de la digitalización, es precisamente mostrar al Estado de forma transparente.

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Unificación cambiaria y formalización de la economía

Otro punto de ruptura con la política económica del actual gobierno del MAS es la creación de un Fondo de Estabilización Cambiaria, destinado a unificar el tipo de cambio y reducir la brecha entre el dólar oficial (Bs 6,96) y el paralelo, que llegó a cerca de los Bs 20 en mayo de este año. El fondo se financiaría con recursos de organismos multilaterales, renegociación de deuda externa y un programa de sinceramiento (regularización) patrimonial que permita repatriar capitales y activos no declarados, incluyendo dinero, inmuebles y criptoactivos. Este último punto también aplica a capitales y activos dentro del territorio Boliviano.

Además, el programa propone un régimen transitorio de formalización de tres años para micro y pequeñas empresas, con un esquema tributario simplificado. Esta medida busca revertir la informalidad laboral que hoy abarca al 75% de la población económicamente activa. Para este punto, se ofrecerán incentivos que permitan motivar la formalización bien sea de forma directa como de forma indirecta a través de programas de crédito asociados a la correspondiente formalidad resultante.

Fin del control estatal y apertura a las exportaciones

En una clara señal de apertura al mercado, el PDC plantea la liberalización de exportaciones, eliminando las restricciones y cupos que el MAS ha mantenido sobre productos agroindustriales y manufacturados. Asimismo también se dará incentivos (tributarios, financieros o de mercado) a aquellas exportaciones que impliquen generación de valor agregado en suelo boliviano, buscando mejorar más la competitividad de la economía.

También propone la reconfiguración del sistema impositivo con una nueva normativa tributaria que incentive la producción y la inversión privada. Como una medida rápida para aliviar al sector productivo se anunció un “perdonazo tributario” que elimine multas y coactivos pendientes, eliminación del ITF, reducción del IVA, reducción del IUE y creación de incentivos tributarios. En esa misma línea, se propone una baja de aranceles para insumos, tecnología, maquinarias y automotores; en general a lo que no sea producido en Bolivia.

Asimismo, plantea fin a la política de subsidios a los combustibles, con el fin de reducir el gasto fiscal y recomponer los precios internos de manera gradual, garantizando que solo se mantengan para el transporte público, sectores esenciales y sectores vulnerables. El actual esquema de subvenciones cuesta al Estado más de 1.600 millones de dólares anuales, según cifras oficiales. En este punto y también como parte de la digitalización, se propone digitalizar las transacciones que impliquen el movimiento de importaciones de hidrocarburos a fin de transparentar los costos y que se elimine la corrupción en YPFB o empresas asociadas. Es menester mencionar que el sector hidrocarburos, será analizado en todos los puntos de la cadena, a fin de lograr una eficiencia total que permita el mayor ahorro posible al estado por concepto de importaciones de combustibles.

Fomento a la inversión privada y energías limpias

El programa económico del PDC también enfatiza la necesidad de abrir espacio a la inversión privada nacional y extranjera, tanto en sectores productivos como energéticos. Plantea incentivos legales y fiscales para la exploración y producción hidrocarburífera y la diversificación hacia energías renovables, promoviendo proyectos de hidrógeno verde, energía solar, eólica, hidroeléctricas y almacenamiento de energía.

A la par, se propone la creación de un Fondo para la Descarbonización de la Economía, destinado a financiar créditos para eficiencia energética, renovación del parque automotor y capacitación técnica en nuevas tecnologías.

 

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