El presidente Rodrigo Paz anunció la llegada de $us 7.000 millones provenientes de organismos internacionales, recursos que, según afirmó, comenzarán a ingresar en las próximas semanas y servirán como base económica del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo, tras la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5503 y los acuerdos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB).
A partir de ese anuncio, Paz sostuvo que el DS 5503 “cumplió su función” en términos de conquistas económicas y sociales, pero que el país necesita dar un nuevo paso orientado al orden, control, estabilidad y crecimiento, pilares que marcarán la siguiente etapa de gobierno.
En ese contexto, el nuevo decreto buscará consolidar las reformas y evitar —en palabras del mandatario— que sean vulnerables al sabotaje político y a intereses que operan desde la conflictividad social.
Cabe destacar que, el acuerdo con la COB dejó sin efecto el DS 5503, aunque mantuvo vigentes medidas clave como el levantamiento de la subvención estatal a los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300 y el pago de los bonos sociales. En ese marco, el Ejecutivo solicitó un plazo para promulgar la norma que sustituirá al decreto derogado.
Según explicó el Presidente, los $us 7.000 millones estarán destinados a infraestructura, generación de empleo y servicios básicos, con énfasis en proyectos de agua potable, riego y producción, además de educación, salud, carreteras, seguridad ciudadana e infraestructura pública. Paz insistió en que se trata de recursos con alcance nacional y no sectorial.
El mandatario también anunció que bajará personalmente a las bases sociales para explicar el destino de los fondos, con el objetivo de evitar desinformación y frenar —según su criterio— la influencia de dirigentes que promueven bloqueos y conflictos mientras protegen privilegios. En contraste, destacó la existencia de dirigentes honestos y transparentes con quienes aseguró que su gobierno continuará dialogando.
Desde el aspecto político, Paz vinculó el nuevo decreto con la necesidad de gobernar con autoridad, subrayando que Bolivia no retrocederá en sus conquistas económicas y sociales. Afirmó que el diálogo con más de 160 organizaciones permitió tomar decisiones, pero dejó claro que la nueva etapa no implicará concesiones que pongan en riesgo la estabilidad.
