En un nuevo y preocupante informe, S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de Bolivia de ‘CCC+’ a ‘CCC-’, manteniendo la perspectiva negativa. La medida refleja el creciente riesgo de que el país no logre cumplir con sus compromisos de deuda en los próximos seis a doce meses.
Según la calificadora, el deterioro de la liquidez externa, el elevado endeudamiento y la falta de acceso a mercados internacionales de capital colocan a Bolivia en una situación de elevada vulnerabilidad financiera; son un conjunto de condiciones adversas que describe el documento.
La rebaja responde, según la justificación de S&P, al inminente incremento del servicio de deuda externa comercial, que pasará de $us 109 millones en 2025 a 435 millones en 2026. A esto se suma la parálisis política previa a las elecciones generales de agosto, que ha obstaculizado la aprobación de créditos multilaterales por más de $us 1.600 millones en la Asamblea Legislativa.
S&P también alertó sobre el creciente déficit de la cuenta corriente, la reducción sostenida de exportaciones —especialmente de gas natural, oro y soya— y la caída de reservas internacionales líquidas, que apenas alcanzaban los $us 165 millones en abril de 2025 en divisas de libre disponibilidad.
El informe subraya, además, la alarmante brecha cambiaria, que en mayo superó el 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Esta situación ha disparado la inflación interanual a 18,5% en mayo, desde un 5,1% a fines de 2024.
En lo fiscal, S&P proyecta déficits sostenidos por encima del 9% del PIB hasta 2028, con una deuda pública neta que ya alcanza el 72% del PIB. La mayor parte del financiamiento proviene del Banco Central y bonos en moneda local, muchos de ellos en manos de los fondos de pensiones. Sin embargo, la calificadora advierte que incluso la deuda interna presenta riesgos de reestructuración elevados.
En este contexto, la calificadora no descarta nuevas rebajas si la situación se deteriora aún más o si Bolivia recurre a una reestructuración de su deuda, lo que sería considerado equivalente a un default.
Por el contrario, el informe señala que una mejora en la calificación dependerá de la implementación de políticas decisivas que estabilicen las cuentas externas y restauren la confianza de los inversionistas.
La advertencia de S&P llega en un momento crítico para el país, cuya economía se desacelera significativamente (con un crecimiento estimado de 1,1% para este año) y enfrenta presiones internas y externas cada vez mayores.
