El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional —entre ellas la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo a Bs 3.300 y el aumento de la Renta Dignidad a Bs 500— confirman la magnitud de la crisis que atraviesa Bolivia y marcan el inicio de un ajuste que, afirmó, era inevitable.
Ante el interrogante sobre si esperaban dicho ajuste, respondió afirmativamente. “Si, el país vive una crisis económica, social y energética producto de 20 años de malas políticas públicas. ¿Esperábamos medidas duras? También”, sostuvo Antelo, tras el anuncio del decreto supremo 5503, subrayando que el impacto alcanzará a todos los sectores: ciudadanía, empresas y Estado.
Desde la perspectiva del sector empresarial, el presidente de Cainco indicó que la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que el sector privado venía planteando desde hace años, representa una decisión significativa, aunque dolorosa, que afecta de forma transversal a la economía nacional. Sin embargo, advirtió que el ajuste no puede limitarse a recortes o incrementos aislados.
Antelo remarcó que este momento exige actuar con urgencia en otras reformas clave que permitan compensar el impacto del ajuste sobre la actividad productiva. Entre ellas, mencionó la liberación efectiva de las exportaciones, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y una estrategia clara de atracción de inversiones nacionales y extranjeras, condiciones que, dijo, son imprescindibles para reactivar la economía y generar empleo.
“El ajuste nos duele a todos, pero debe venir acompañado de medidas que permitan recuperar la producción y la inversión. Si no se actúa con agilidad en estos frentes, el peso del ajuste recaerá únicamente sobre el sector productivo y la ciudadanía”, advirtió.
Antelo insistió en que las decisiones actuales son consecuencia de un prolongado deterioro económico, marcado por malas políticas, corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos. En ese contexto, sostuvo que el país enfrenta un punto de inflexión: o se avanza hacia reformas estructurales profundas o se corre el riesgo de prolongar el estancamiento económico y social.
