La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció que toda la institucionalidad productiva del país, desde organizaciones de Oruro, Potosí, Pando, Beni, Cochabamba, Chuquisaca, el Chaco y Santa Cruz, se reunirá en La Paz con Ministerios del área para instalar una mesa nacional de trabajo y presentar oficialmente la agenda del sector. El encuentro, que se realizará en el marco de Confeagro, pretende ser “el puntapié inicial de una nueva historia para la producción nacional”.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, informó que el sector entregó al Gobierno cuatro decretos y cuatro proyectos de ley consensuados, orientados a resolver los principales cuellos de botella que frenan la productividad. Entre ellos, la aprobación inmediata de biotecnología compatible con las normas del Mercosur, la eliminación de cupos y franjas de precios que afectan a sectores como leche y arroz, y la normalización del suministro de diésel para evitar nuevas caídas de siembra.
“El campo está comprometido a ser una de las patas de la mesa para ayudar a Bolivia a salir de la crisis económica. Sin inversión no hay futuro, sin diésel no hay agropecuaria y sin dólares no hay producción”, enfatizó Frerking.
El presidente de la CAO dvirtió que varias cadenas productivas ya muestran signos de deterioro. Solo en el sector lechero cerraron 600 unidades en Cochabamba y 110 en Santa Cruz, lo que redujo en más de 300.000 litros diarios la oferta nacional. En Beni, la siembra de arroz cayó un 30% por falta de combustible y por el impacto de las lluvias.
A pesar de este contexto, el titular de la CAO reconoció avances iniciales del nuevo Gobierno en la normalización paulatina del abastecimiento de combustibles y en las acciones contra el contrabando de carburantes. Señaló que la estabilidad en el mercado cambiario comenzó a corregir distorsiones de precios en alimentos como huevo y arroz, lo que evidencia —dijo— que “el mercado funciona cuando se lo deja operar”.
Uno de los puntos centrales expuestos por el agro es la necesidad de reformar el INRA, institución que, según Frerking, debe dejar de ser un “instrumento político” y transformarse en un organismo técnico que garantice seguridad jurídica.
"El INRA tiene que transparentarse. Necesitamos que lo dirijan personas que conozcan la realidad de la tierra en Bolivia. La seguridad jurídica debe volver para todos los productores”, afirmó.
Frerking recordó que solo el 26% de la tierra en Bolivia está en manos privadas, mientras que el 74% es de administración estatal entre fiscales, TCO y comunitarias, por lo que un manejo técnico y transparente es indispensable para evitar avasallamientos, extorsiones y conflictos.
El sector espera que, tras la reunión con el Gobierno, se establezcan plazos concretos para la implementación de biotecnología, la liberación de mercados, la revisión de normas restrictivas y la aprobación del paquete legislativo sectorial. Para los productores, el tiempo es crítico: cada demora retrasa la reacción productiva y limita la capacidad del país de incrementar volúmenes, generar divisas y garantizar el abastecimiento interno.
CAO busca que el agro sea uno de los pilares de la recuperación económica y que Bolivia retome un camino de crecimiento respaldado en productividad, seguridad jurídica y libre operación del mercado.
