La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia marcó una posición firme frente a la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de incrementar en 20% el haber básico, adicional al ajuste ya aplicado al salario mínimo nacional. A través de un pronunciamiento institucional, el sector privado advirtió que una medida de este tipo no solo vulnera el marco normativo vigente, sino que también podría generar efectos negativos en la economía y el empleo.
El empresariado recordó que el Decreto Supremo 5516 reconoce la negociación salarial como un acuerdo entre empleadores y trabajadores, ya sea de forma individual o colectiva. En ese sentido, señaló que cualquier intento de imponer porcentajes de incremento resulta “incongruente, ilegal e inaceptable”, al contradecir el principio de libre negociación establecido en la normativa.
Asimismo, enfatizó que la legislación nacional y los acuerdos internacionales ratificados por Bolivia establecen que la única atribución del Gobierno es fijar el salario mínimo nacional, medida que —según la CEPB— ya fue aplicada con un incremento del 20%. A pesar de calificar este ajuste como desproporcionado y unilateral, el sector privado aseguró que está siendo cumplido por las empresas.
Desde una perspectiva económica, la organización advirtió que un incremento generalizado del haber básico, en el actual contexto de restricciones, podría derivar en el cierre de unidades productivas —especialmente medianas y pequeñas—, reducción del empleo, menor contratación y mayores presiones inflacionarias. A su vez, alertó que estas condiciones terminarían afectando el poder adquisitivo de la población y frenando los esfuerzos de reactivación económica.
El pronunciamiento también subraya la necesidad de considerar variables clave en cualquier negociación salarial, como la productividad, las diferencias sectoriales y regionales, así como la capacidad real de las empresas para sostener incrementos sin comprometer su estabilidad.
Pese a la postura crítica, la CEPB ratificó su disposición a participar en espacios de diálogo con el Gobierno, orientados a construir políticas laborales que prioricen la generación de empleo, el aumento de la productividad y la formalización de la economía, en un escenario que exige equilibrio entre demandas sociales y sostenibilidad empresarial.
