La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el pasado 17 de abril de 2026, en dos estaciones, el Proyecto de Ley de Alivio Tributario, una iniciativa que ahora espera su tratamiento en la Cámara de Senadores. La norma establece la condonación de deudas tributarias generadas antes de enero de 2017, así como la regularización de obligaciones fiscales correspondientes a los periodos 2018-2019 y 2021-2025.
El gobierno estima que con esta medida se podrían recuperar entre Bs 6.000 y 10.000 millones de una cartera en mora que, según el economista, investigador y docente universitario, Fernando Romero, oscila entre Bs 25.000 y Bs 35.000 millones. El objetivo declarado es mejorar la liquidez fiscal en el corto plazo y aliviar la carga financiera de empresas y contribuyentes en un contexto de déficit público que alcanzó el 12,7% del PIB en 2024.
En la misma línea, el economista Rudy Sanguino, coincide en que la medida es necesaria dada la magnitud de la deuda incobrable. En declaraciones al programa Factor K, del canal ESN Live, reveló una cifra aún mayor: “La deuda acumulada desde la aplicación de la nueva ley es de Bs 700.000 millones. Eso significa que, si lo comparamos con los Bs 50.000 millones que genera cada año el IVA, estamos hablando de cerca de 15 años que podría mantenerse sin cobrar este impuesto, solamente con recuperar esa deuda”.
Para Sanguino, esa abultada mora es la prueba de que el sistema tributario no funciona y de que se requieren cambios profundos. Romero, por su parte, advierte que el Estado ha decidido priorizar la recaudación inmediata por encima del cobro integral: “El gobierno apunta a recuperar entre el 20% y 35% de ese monto. Sin embargo, esto implica renunciar a una parte importante de multas e intereses, lo que genera un costo fiscal relevante a mediano plazo”, explica en su análisis técnico.
Los economistas coinciden en una valoración positiva de la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), una medida que ya fue aprobada por el Legislativo en paralelo al proyecto de alivio tributario. Sanguino sostiene que el ITF fue un error que se mantuvo por más de dos décadas. “El ITF fue implementado el 2006 de forma coyuntural para poder favorecer la bolivianización, pero lamentablemente se mantuvo más de 20 años”, explica.
Recaudación gubernamental. Economistas advierten que la medida refleja fallas estructurales del sistema tributario y la urgencia de hacerlo más simple, equitativo y sostenible.
En la evaluación del alivio tributario como política pública, Romero enfatiza el “riesgo moral” que introduce la condonación. “Los contribuyentes pueden dejar de pagar esperando futuros perdonazos”, advierte. “El Estado pierde ingresos potenciales al condonar entre Bs 10.000 y 18.000 millones en multas e intereses no cobrados. Además, se genera inequidad tributaria, porque quienes cumplieron oportunamente no reciben ningún beneficio, debilitando la cultura de pago y la credibilidad del sistema impositivo”, añade. Para el economista, la pérdida fiscal puede representar entre el 1,5% y el 3% del PIB, un costo alto para unas finanzas públicas ya deterioradas.
Si bien reconoce el riesgo, Sanguino lo matiza desde una perspectiva diferente. “Si acumula deuda es porque no está funcionando adecuadamente el sistema”, sostiene. “Alguien que quiere descargar un tributo se equivoca en un número, le aplican una multa tremendamente complicada y eso es lo que ha ido acumulando actualmente. Por eso es importante el perdonazo tributario, para hacer un borrón y cuenta nueva e iniciar una nueva etapa de funcionamiento del mercado, pero con un sistema tributario que sea amigable, accesible y que tenga la contraparte”, afirma.
El economista afirma que el alivio es una condición necesaria para reiniciar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mientras que Romero teme que se convierta en un incentivo para la morosidad crónica.
El proyecto también introduce modificaciones en la prescripción tributaria, reduciéndola de 8 a 4 años para procedimientos de control y ejecución, y a 2 años para sanciones. Romero valora este punto como un avance en “seguridad jurídica, estableciendo límites claros tanto para el Estado como para los contribuyentes”.
Sanguino, por su lado, celebra la exclusión de las promociones empresariales de la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar, y la recuperación del 100% del crédito fiscal por compras de combustible, pero insiste en que se requieren medidas más ambiciosas, como la neutralidad plena del IVA para todos los sectores. “Antes se compraban cinco panes y solamente se podían comer cuatro panes porque el otro quedaba sin valor de crédito fiscal. En este caso, ya nuevamente se repone”, explica.
De cara al futuro, ambos especialistas coinciden en la necesidad de ampliar la base tributaria, actualmente reducida a sólo el 15% de quienes desarrollan actividad económica, según datos de Sanguino. Romero propone “implementar un sistema de control tributario inteligente basado en facturación electrónica y cruce de información en tiempo real”, así como “crear un régimen simplificado atractivo para la informalidad, con impuestos bajos, fáciles de pagar y con incentivos como acceso a crédito o beneficios sociales”.
Sanguino, por su lado, plantea “periodos de gracia para los nuevos emprendedores” y una negociación tripartita entre Estado, empresarios y trabajadores, en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En referencia a los perdonazos tributarios, Romero destaca que para no recurrir a ellos, es necesario avanzar en medidas estructurales: implementar un sistema de control basado en facturación electrónica y cruce de información en tiempo real para detectar evasión y aumentar la recaudación sin subir impuestos; crear un régimen simplificado atractivo, con tributos bajos e incentivos como acceso a crédito y establecer facilidades de pago.
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