La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y sus cámaras departamentales, con el apoyo de entidades empresariales a nivel nacional, presentaron una propuesta de modificación al Código Penal, para la penalización de los bloqueos.
La propuesta tiene por objeto “proteger la producción nacional como motor y fuente de recursos y empleo para la reactivación económica del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la penalización de los bloqueos, tutelando los bienes jurídicos y derechos constitucionales referidos a la libertad de tránsito, a la paz, a la seguridad y el orden público y el resguardo de los servicios públicos”.
El espíritu de la propuesta plantea entre sus aspectos más relevantes la prevención de pérdidas de índole económica; la protección de los derechos fundamentales claramente afectados a causa de los numerosos bloqueos; las precisiones en el Código Penal que permitan actuar de manera adecuada contra el accionar cometido en diversas situaciones.
Consiguientemente, se propone modificar los artículos 214, 293 y 358 incrementando la pena de privación de libertad de 4 a 8 años (antes se preveía penas menores e incluso sólo prestación de trabajo); y la incorporación de los artículos 213 Bis, 213 Ter, 213 Quater, 232 Bis y 358 Bis tipificando el bloqueo total o parcial de caminos que impidan u obstruyan el libre tránsito, la intimidación sindical y el vandalismo, con una pena de 4 a 8 años más las multas respectivas y la inhabilitación para cargos públicos y sindicales.
Durante la presentación, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, señaló que cada vez que una carretera es bloqueada se detiene el flujo vital de insumos, productos, bienes, servicios y personas que son fundamentales para el crecimiento económico y social. “Las industrias no pueden operar, los trabajadores no pueden llegar a sus empleos, los servicios de emergencia se ven obstaculizados y la vida cotidiana se ve paralizada”.
Agregó que los bloqueos de carreteras tienen repercusiones en la imagen y estabilidad del país y lo hace inviable para la inversión nacional y extranjera al perder la confianza en nuestra capacidad para garantizar un entorno propicio para los negocios.
El último bloqueo registrado este año, que duró 15 días a nivel nacional, generó $us 1.000 millones de pérdidas a empresas, una afectación del 2,26% del PIB, $us 171 millones a las exportaciones industriales y $us 122 millones a las importaciones industriales, lo cual generó una desaceleración del crecimiento económico además de una disrupción en la cadena de suministro, aumento de los costos de logística y un daño intangible a la reputación empresarial y del país ante inversores, entre otros perjuicios.
Los productos industriales finales, como la provisión de materias primas e insumos intermedios se ven seriamente afectados en la circulación y transporte a nivel nacional e internacional con una amenaza latente de pérdida de mercados de exportación, ante el incumplimiento de compromisos comerciales, detalló la CNI.
Escasez de dólares
Otra de las problemáticas a las que se refirió la CNI es la escasez de dólares. Al respecto, señaló que hasta el 2023 se generó un descenso del 89% de las Reservas Internacionales Netas.
Ante esta situación, la CNI hizo un llamado al Gobierno para que atienda esta demanda que afecta de manera importante a la actividad industrial, y, en ese contexto, planteó la coordinación de un trabajo público privado en base a cuatro pilares:
- Liberalizar las exportaciones para genera mayor producción interna y exportar productos manufacturados que generan divisas.
- Agilizar simplificar y modernizar las operaciones de registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, para que se genere mayor producción, exportación y generación de divisas.
- Agilizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para unificar los trámites en el sector público de exportación e importación de materia prima insumos importados y bienes de capital industrial.
- Y, en el largo plazo, modernizar el Sistema Tributario, el Código Laboral y la Ley de Inversiones, a fin de permitir una mayor participación de capital privado y de inversiones público privadas.
