En un pronunciamiento conjunto, las principales cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras de Bolivia rechazan categóricamente la Disposición Adicional Séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 , exigiendo su eliminación y negándose a participar en cualquier proceso de reglamentación vinculado a la mismo.
La normativa, actualmente en debate en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, faculta a las entidades competentes a controlar, fiscalizar, confiscar o decomisar productos de alimentos que sean almacenados, retenidos o presuntamente utilizados para incrementar precios de forma arbitraria.
Argumentos del sector privado
El sector empresarial alertó que la aprobación de esta disposición generará inseguridad jurídica , desincentivará la inversión privada y perjudicará el desarrollo económico del país. Según el comunicado, la medida podría dar lugar a un entorno propicio para la arbitrariedad y extorsión , además de fomentar la informalidad y el desabastecimiento de productos esenciales.
Las cámaras destacaron que esta disposición vulnera derechos fundamentales como la libertad de producción y comercialización , consagrados en la Constitución Política del Estado.
“Alertamos que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”
Llamado al Gobierno y a la Asamblea
Los empresarios instaron al presidente Luis Arce ya la Asamblea Legislativa a reconsiderar la normativa, advirtiendo que la misma podría impactar negativamente en el mercado interno y exportador, afectando directamente a los consumidores.
Asimismo, señalaron que el país necesita un marco normativo que promueva la producción y garantice la estabilidad económica, en lugar de políticas que obstaculicen las actividades privadas y generen incertidumbre.
