En el encuentro, convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, participaron diferentes instituciones y agrupaciones de departamento , además del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Fuera de las instalaciones del ente cívico, una multitud de personas aguardaba las decisiones asumidas.
En uno de los puntos del documento, leído por el presidente cívico, Rómulo Calvo, a la conclusión del encuentro, fue la decisión de iniciar un trabajo de rearticulación del movimiento cívico nacional como un “instrumento de lucha y defensa de la democracia, la justicia y la verdad”.
Para ello, se decidió apoyar la convocatoria de una marcha para este jueves 5 de agosto. La movilización partirá desde la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de septiembre en la ciuidad de Santa Cruz de la Sierra
“Solicitar al movimiento cívico nacional que ante la iniciativa del Conade, la misma se replique en todos los departamentos de país”, se añade el documento.
Con respecto al caso fraude electoral, se decidió que se buscará acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, haya establecido que no hubo manipulación de datos en los comicios de 2019.
El conflicto por denuncias de avasallamiento y dotación de tierras, presuntamente ilegales, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fue otro de los puntos abordados y se decidió apoyar un bloqueo de caminos desde este 9 de agosto en José de Chiquitos.
Esta medida será asumida por los comités cívicos provinciales en respuesta a la inasistencia del INRA a la reunión del Comisión Agraria Departamental (CAD) de este lunes. Para el viernes 13 de agosto, se decidió activar una vigilia en instalaciones del INRA Santa Cruz.
Otras de las medidas aprobadas fue la de rechazar la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y la Emergencia Sanitaria, para ambas normas. se demandó su abrogación. Se coordinará con todos los sectores afectados y se apoyará sus acciones y medidas.
Calvo añadió que las determinaciones aprobadas serán las primeras de “muchas acciones” ante el intento del Gobierno de buscar imponer la teoría del “golpe de Estado” de 2019.
