La difusión pública de la investigación iniciada por las autoridades chilenas sobre presuntos envíos de madera procedente de Bolivia con sustancias controladas marcó el inicio de una crisis que hoy mantiene al sector forestal en el momento más crítico de su historia reciente. A partir de entonces, las cargas de productos forestales destinadas a la exportación comenzaron a ser sometidas a procedimientos extraordinarios de control y análisis, lo que ha generado demoras superiores a veinte días para la obtención de resultados de laboratorio y, en la práctica, la paralización de las exportaciones del sector.
Como consecuencia de esta situación, el sector forestal boliviano atraviesa la crisis exportadora más severa de su historia reciente. Las exportaciones registradas durante el segundo trimestre de 2026 muestran una caída del 66,1% respecto al mismo período de 2024 considerado el último año de operación normal para el sector, con pérdidas superiores a 16 millones de dólares, superando incluso los niveles registrados durante la etapa más crítica de la pandemia por COVID-19.
Los resultados son alarmantes. En mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron apenas 1,88 millones de dólares, prácticamente el mismo nivel registrado durante mayo de 2020, cuando el país enfrentaba las restricciones sanitarias más severas. Más preocupante aún resulta junio de 2026, cuyas exportaciones preliminares apenas superan 1,16 millones de dólares, muy por debajo de los 4,23 millones de dólares exportados en junio de 2020.
“La actividad forestal está atravesando un escenario más complejo que el vivido durante la pandemia”, advirtió Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.
La institución recordó que el sector genera más de 200.000 empleos directos e indirectos y constituye una fuente de ingresos para miles de comunidades forestales, transportistas, carpinteros, operadores logísticos y pequeñas empresas distribuidas en todo el país.
Asimismo, alertó que la caída de las exportaciones pone en riesgo miles de fuentes de trabajo y genera un fuerte impacto sobre la economía nacional. Según estimaciones basadas en estudios del Ministerio de Economía, la contracción registrada durante el trimestre representa un efecto multiplicador negativo superior a 183 millones de bolivianos sobre la actividad económica.
La Cámara Forestal de Bolivia explicó que la crisis responde a una combinación de factores acumulados, entre ellos las restricciones logísticas, la escasez de combustible, los bloqueos registrados en los últimos meses y, más recientemente, la paralización de las exportaciones derivada de los procedimientos implementados tras el inicio de las investigaciones relacionadas con cargamentos de productos forestales.
Actualmente, alrededor de 60 contenedores permanecen retenidos en el puerto de Arica, mientras continúan las demoras en los análisis de laboratorio y aún no se conocen oficialmente los resultados de las investigaciones desarrolladas por las autoridades bolivianas ni se ha conformado la comisión internacional de verificación anunciada semanas atrás.
Frente a este escenario, la Cámara Forestal de Bolivia informó que el pasado 3 de julio remitió cartas oficiales a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno y las principales instituciones competentes en la investigación, el control y la fiscalización de las exportaciones, solicitando la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional destinada a fortalecer la coordinación, agilizar los procedimientos técnicos y administrativos y garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse sin paralizar el comercio legal. La Cámara Forestal de Bolivia expresó su confianza en que las instituciones convocadas puedan atender esta propuesta a la brevedad, considerando la urgencia que atraviesa el sector.
La Cámara Forestal de Bolivia expresó su confianza en que esta propuesta pueda ser atendida con la urgencia que exige la actual coyuntura, considerando que el sector atraviesa la principal época de producción del año y que cada día de paralización incrementa las pérdidas económicas, pone en riesgo nuevas fuentes de empleo y afecta la confianza de los mercados internacionales en las exportaciones bolivianas.
“Bolivia necesita demostrar que puede investigar con todo el rigor que corresponde y, al mismo tiempo, proteger el trabajo, las exportaciones y la confianza en un sector que genera más de 200.000 empleos. Ese es el desafío que hoy tenemos como país.” Afirmó Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.
