Bolivia afronta una de las etapas más críticas de su servicio exterior. Esa es la evaluación que hizo el sociólogo y diplomático Pablo Montenegro durante una entrevista en el programa Políticamente Incorrecto de ESN, donde afirmó que el país no solo perdió la institucionalidad de su carrera diplomática, sino que hoy tampoco cuenta con embajadores que representen oficialmente al Estado en el exterior.
El especialista señaló que el problema trasciende el cambio de gobierno y responde a un proceso que, según afirmó, se profundizó durante las dos últimas décadas. A su juicio, el mayor desafío no es desmontar la estructura heredada, sino recuperar una institucionalidad que permita reconstruir un servicio exterior profesional. En ese contexto, Montenegro advirtió que "lo peor del caso no es ni siquiera la dificultad de desmontar la vieja estructura masista, sino que no ha habido un esfuerzo concreto hasta el momento para reinstitucionalizar la carrera diplomática".
Explicó que la Ley N° 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, promulgada en 1993, permitió consolidar durante varios años un servicio exterior profesional. Sin embargo, sostuvo que ese modelo fue reemplazado por la Ley N° 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que convirtió a los funcionarios diplomáticos en personal de libre disponibilidad. Según Montenegro, ese cambio provocó la salida de gran parte del personal de carrera y debilitó la institucionalidad de la Cancillería.
Montenegro consideró que una eventual reconstrucción debe ser inclusiva. Planteó crear un nuevo escalafón que incorpore tanto a los profesionales formados antes como durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, con el objetivo de recuperar una estructura basada en criterios técnicos y no políticos.
Sin embajadores y con representación reducida
Uno de los aspectos que más preocupación genera, según Montenegro, es la actual representación internacional del país. Aseguró que Bolivia no tiene embajadores en funciones y que las misiones diplomáticas permanecen a cargo de encargados de negocios o incluso de funcionarios de menor rango. "No hay ningún embajador, ni uno", afirmó el diplomático, al advertir que esta situación reduce la capacidad del Estado para desarrollar relaciones políticas, comerciales y de cooperación con otros países.
Explicó que el nombramiento de embajadores requiere un procedimiento que incluye aprobación legislativa, evaluación del candidato, el beneplácito del país receptor y otros trámites administrativos, por lo que la reposición de esas representaciones demandará varios meses aun cuando el proceso comenzara de inmediato.
Dos millones de bolivianos con limitada asistencia consular
Montenegro también llamó la atención sobre el impacto que esta situación tiene en la comunidad boliviana residente en el extranjero.
Indicó que entre 1,7 y 2 millones de bolivianos viven fuera del país y dependen de los consulados para realizar trámites o recibir asistencia estatal. Sin embargo, sostuvo que el debilitamiento de esas oficinas ha dejado a muchos ciudadanos sin servicios básicos. Como ejemplo, mencionó que algunos bolivianos residentes en Europa deben trasladarse a otro país únicamente para realizar trámites notariales, una situación que, según dijo, refleja el abandono institucional hacia la comunidad migrante.
Para el diplomático, esta realidad significa que "hay dos millones de compatriotas nuestros que están desvalidos prácticamente en el mundo y que no reciben ningún tipo de asistencia de los consulados".
La diplomacia como herramienta económica y de seguridad
Durante la entrevista, Montenegro insistió en que la política exterior no debe entenderse únicamente desde el ámbito protocolar, sino como un instrumento para abrir mercados, atraer inversiones y fortalecer la posición internacional del país.
Explicó que los agregados comerciales requieren del trabajo previo de la diplomacia política para concretar negociaciones económicas, por lo que ambas funciones son complementarias. Consideró, además, que Bolivia atraviesa un momento de reorganización del escenario internacional que podría representar una oportunidad para redefinir su inserción en el mundo. En ese contexto, sostuvo que existe "una ventana de oportunidad" para que el país encuentre un espacio en el nuevo orden internacional si logra construir una estrategia clara de política exterior.
Montenegro también afirmó que desafíos como el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado transnacional requieren una coordinación permanente entre la Cancillería y las instituciones de seguridad, además de una presencia activa en los espacios multilaterales.
Una inversión menor frente al costo de no actuar
Montenegro rechazó el argumento de que la falta de designaciones diplomáticas responda a una política de ahorro fiscal.
Según explicó, mantener un servicio exterior plenamente operativo demandaría alrededor de 12 millones de dólares, un monto que calificó como reducido frente a los beneficios económicos, comerciales y políticos que puede generar una representación internacional eficiente. En ese sentido, sostuvo que "el costo de oportunidad de no tener embajadores es muchísimo más alto", por lo que consideró que la diplomacia debe verse como una inversión estratégica y no como un gasto.
Para el diplomático, la recuperación del servicio exterior debe asumirse como una política de Estado. Recordó que países como Brasil, Chile o Perú preservaron la institucionalidad de sus cancillerías más allá de los cambios de gobierno y advirtió que Bolivia, junto con Venezuela, figura entre los países sudamericanos con los servicios diplomáticos más desinstitucionalizados. En ese escenario, concluyó que fortalecer el servicio exterior es indispensable porque, como remarcó, "la primera línea de defensa del Estado es la diplomacia".
