Después de casi cinco años, la pandemia de Covid y 32 incidentes procesales presentados por los acusados, motivos que dilataron el proceso, y luego de haberse suspendido el 5 de diciembre del año pasado, el próximo martes 31 de enero se instalará la audiencia de inicio del juicio oral en el caso “Cotas en cuotas” que conforma la etapa final de este proceso iniciado por Cotas en 2019, en su calidad de víctima y se espera se prolongue hasta mediados de este año para dictar sentencia.
Cotas espera que la justicia aplique todo el peso de la ley para finalmente dar vuelta a una etapa sombría en la historia de la Cooperativa. “La actual administración está comprometida en recomponer la mística y fortaleza institucional y lo ha venido haciendo desde hace año y medio, trabajando con compromiso y profesionalismo”, informó la Cooperativa.
En febrero de 2019, Cotas formalizó denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resultaren autores, cómplices y encubridores de múltiples delitos cometidos en perjuicio de Cotas RL, todo como consecuencia de serios hallazgos de irregularidades en el Programa "Cotas en Cuotas".
El caso quedó en manos del Ministerio Público quien lideró la investigación como establece la ley al tratarse de delitos de orden público.
Desde mediados de 2021, la actual administración de Cotas no ha escatimado esfuerzos en la vía legal y ha trabajado sin pausa adhiriéndose a las actuaciones legales para reimpulsar el caso, fruto de lo cual hoy se tiene determinada la fecha para el inicio del juicio oral.
“Cotas ha venido respondiendo y facilitando las acciones legales del Ministerio Público en este largo proceso, para que pueda culminar con una sentencia ejecutoriada contra quienes sean encontrados culpables y así iniciar los procesos necesarios para la recuperación de los fondos de la cooperativa”, manifestó Ronald Fessy, vocero de la institución.
Una vez termine el proceso penal y se dictamine sentencia condenatoria contra los cuatro imputados, de acuerdo a la ley se establecerá también los montos que estos deberán devolver a la institución con el precepto de resarcir el daño económico.
