Con la vigencia del Decreto Supremo 4539, del 7 de julio del 2021, se estableció una política integral del uso de la energía eléctrica con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, al ahorro y eficiencia energética a través de incentivos tributarios y financieros para la fabricación, ensamblaje e importación de vehículos automotores eléctricos e híbridos, así como maquinaria agrícola eléctrica e híbrida.
Por tal motivo, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP), tuvo un efecto positivo, alcanzando entre julio y diciembre del 2021 el ingreso de 601 motorizados con estas características, en 2022 ascendió a 894 y en 2023 se registraron 1.893 motorizados eléctricos.
Esto se debe a que las personas se animan a importar este tipo de motorizados gracias a los incentivos tributarios que van desde 0% para el Gravamen Arancelario (GA) y una disminución del Impuesto al Consumo Específico (ICE), de tal manera que pueda generarse un ambiente favorable para utilizar vehículos con estas características.
A partir de esta política de incentivos tributarios para acelerar la electromovilidad, el Gobierno nacional dispuso de la instalación de electrolineras (Estaciones de Recarga) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro y en los próximos años se ampliará la cobertura de estos puntos de carga en el resto del país.
Los incentivos tributarios y financieros se aplican también para la importación de maquinaria agrícola eléctrica e híbrida con el acceso a créditos orientados a comprar estos equipos tecnológicos. Las entidades financieras habilitaron créditos para comprar vehículos eléctricos a tasas de interés accesibles, un plazo de 8 a 9 años y la posibilidad de financiar el 90% del motorizado en función de la capacidad de pago del cliente.
Los beneficios de la utilización de vehículos eléctricos e híbridos va desde el fomenta al consumo de energía limpia, el remplazo progresivo del uso de combustibles contaminantes y la disminución de la emisión de dióxido de carbono para preservar el medioambiente; además, el Estado también se beneficia porque representa un menor gasto en la importación de combustibles fósiles.
